Chile impugna la competencia de la CIJ: ¿Qué significa y qué cambia?

Michelle Bachelet ha decidido impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante la demanda marítima boliviana. Se trata en primer lugar de una capitulación del gobierno centroizquierdista de Santiago ante la burguesía nacional chilena y sus partidos, que reivindican la primogenitura de la decisión. Esto no modificará sustancialmente el curso legal de la demanda boliviana, pero si el escenario político en que se enmarca.

¿Qué significa la impugnación?

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La impugnación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) es una posibilidad prevista en sus procedimientos. El Reglamento de la CIJ establece que ninguna demanda pueda proceder “hasta tanto el Estado contra quien se haga la solicitud no haya aceptado la competencia de la Corte” (art.38). La competencia de la CIJ para la solución pacífica de controversias entre estados americanos fue reconocida por el Pacto de Bogotá de 1948. El mismo convenio establece que no se puede proceder judicialmente en el caso de “acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto” como el tratado entre Bolivia y Chile de 1904. Este sería el principal argumento jurídico chileno para impugnar la competencia de la CIJ.

Si la CIJ se declarara incompetente esto acabaría con cualquier posibilidad de solución de la demanda marítima por las vías legales. Sin embargo diplomáticos y juristas chilenos son los primeros en reconocer que es muy improbable que la CIJ se declare incompetente. Es algo que ha ocurrido en rarísimos casos porque sentaría un precedente que haría inútil la misma existencia de la CIJ. La razón de esta decisión del gobierno chileno es política y ha sido claramente expresada por el ex presidente Piñera según el cual era necesario “enviar un mensaje fuerte y claro en defensa de los legítimos derechos de Chile”. El mensaje es: sea cual sea el fallo de la CIJ, Chile no está dispuesto al “dialogo en buena fe” que la demanda boliviana pretende propiciar.

Un fallo a favor de Bolivia

Un fallo favorable a nuestro país sería para el gobierno boliviano el medio para presionar internacionalmente a Chile a dialogar una salida al mar con soberanía para Bolivia. De hecho pensar que un fallo de la CIJ que reconozca los fundamentos de la demanda boliviana establezca un derecho inmediatamente exigible es una ingenuidad; preguntar a los palestinos si el papel de las resoluciones de las Naciones Unidas que imponen a Israel de devolver los territorios ocupados le sirven para protegerse del bombardeo sobre la Franja de Gaza.

La CIJ, a diferencia de tribunales nacionales, no tiene policía para imponer el acatamiento de sus fallos; su “fuerza” es el simple reflejo de las correlaciones de fuerza existentes. El 27 de junio de 1986 la CIJ condenó los EEUU a pagar 200 millones de dólares para indemnizar a Nicaragua por haber financiado y adiestrado a los paramilitares (“contras”) que ensangrentaron al país caribeño durante la revolución. Sobra decir que los EEUU nunca cumplieron con la condena. El 9 de julio de 2004 la misma Corte condenó Israel a abatir el muro con que ha convertido los territorios palestinos en el más grande campo de concentración de la historia. Desde aquel entonces el muro ha crecido de 200 a 730 Km de longitud. Colombia, penalizada territorialmente en un fallo de la CIJ de 2012 a favor de Nicaragua, ha simplemente declarado inaplicable la sentencia saliéndose del Pacto de Bogotá. En resumen las decisiones de la CIJ solo han servido a afianzar las relaciones imperialistas.

¿Qué cambia?

En el plano jurídico la maniobra chilena cambia poco; Chile seguirá queriendo demostrar que Bolivia tiene el acceso al mar que le garantiza el tratado de 1904. Pero políticamente la situación cambia sustancialmente. Posiciones más rígidas en un ambiente de unidad nacional a los dos lados de la frontera alejan cualquier posibilidad de dialogo, ya antes ficticio, abriendo a una siempre mayor influencia burguesa con todas sus consecuencias.

El mar en Chile es propiedad de 7 familias que, gracias a una ley promulgada bajo la presidencia de centroizquierda de Lagos, detienen el control del 92% de los recursos marítimos chilenos. La unidad nacional proclamada en Chile por Bachelet coincide con la defensa de esta clase de intereses y servirá a debilitar el ala izquierda de su gobierno y también al movimiento estudiantil y obrero hoy retado con una propuesta de reforma tributaria y educativa que, en un lapso de 10 años, prometen simplemente eliminar algunos excesos de un sistema de distribución desigual de la renta y de lucro en la educación.

Hace algunos meses el retirado general Antezana, actual exponente de la derecha, afirmó; “hay que armarse. Si queremos recuperar nuestra cualidad marítima, arrebatada por Chile en la guerra de 1879, es a través de las armas”. Pronunciamientos como estos nacen con el claro intento de ejercer presiones sobre sectores de la opinión pública y las FFAA. Hoy pasan casi inadvertidos pero no hay duda que ante la negativa de Chile a aceptar el dialogo o un fallo de la CIJ, expresada en la decisión de impugnar la competencia de la corte, tendrán muchas más repercusiones convirtiéndose en un factor de desestabilización política.

Nuevo escenario internacional

El gobierno boliviano ha apostado todo en la posibilidad no solo de que la CIJ falle a favor del derecho de Bolivia al mar, sino sobre el apoyo internacional a esta demanda. Sería Chile a colocarse fuera del derecho internacional si no acata las decisiones de la CIJ, se dice. Ya hemos visto en el caso de Colombia con Nicaragua como este colocarse fuera del derecho internacional no conlleve ninguna consecuencia en el caso de países que se mantienen en la órbita del imperialismo. Y Chile, como Colombia, es miembro de la Alianza del Pacifico, un mercado común nacido para reafirmar los intereses imperialistas en América Latina.

Por otro lado está por demostrarse la consistencia del apoyo internacional a la demanda boliviana. Ya hemos visto como el apoyo del gobierno de Ecuador se ha vuelto genérico y cauteloso ante las protestas chilenas. La realidad es que sobre base capitalista cada gobierno busca defender sus propios intereses basados en la competencia capitalista, es decir en última instancia los intereses de los capitalistas. Así el gobierno de Uruguay autoriza el incremento de la producción de la pastelera UPM pese a las protestas argentinas por la contaminación del Rio Uruguay, Argentina aplica medidas proteccionistas contra productos brasileros, Brasil instala hidroeléctricas que provocan inundaciones en el Beni y los países del G77 que sobre la mesa aplauden las políticas sociales bolivianas, por debajo hacen acuerdos con el imperialismo o participan en el ensangrentamiento de otro país del G77 (como Siria) en búsqueda de su propios espacios de hegemonía regional.

Por un tiempo Bolivia ha podido encontrar en el apoyo internacional una salida a sus problemas. Así si faltaba diésel se importaba desde Venezuela pagándolo en especie y resolviendo también la falta de mercados para algunos productos. Si Brasil disminuía sus importaciones de gas se le aumentaba las ventas de gas a Argentina y así sucesivamente. Pero los márgenes para esto se agotan. La crisis del capitalismo expone toda la fragilidad del crecimiento económico de países como China, Brasil, Argentina etc. El estancamiento económico y el retiro de capitales imperialistas que impulsaron el crecimiento provocan ataques como el de los fondos buitres o la devaluación de monedas que exacerba la competencia. La ofensiva imperialista de controlar el ascenso de competidores con tratados de libre comercio como el entre Europa y EEUU o entre países bañados por el Pacifico, se volverá tentadora para economías estancadas, preparando nuevas explosiones sociales. Por este lado no hay salida al mar.

¡Por el socialismo, por el mar!marbolivia

La Corriente Marxista Internacional apoyamos la lucha de la clase trabajadora y el movimiento campesino-indígena para recuperar el acceso al mar que nos fue arrebatado con una guerra combatida por intereses ajenos. Pero no es “nacionalizando” aquella guerra que lo lograremos. Sobre las bases de la competencia capitalista esto no será posible.

En cambio las y los trabajadores, la juventud y los movimientos sociales de Chile no tienen ningún interés a defender la propiedad de unos cuantos sobre los recursos marítimos. Asimismo la clase obrera, la juventud y el movimiento campesino-indígena que esperan de la recuperación del acceso al mar las posibilidades de desarrollo que hoy no tenemos, no tienen ningún interés a permitir que este desarrollo sea acaparrado por quienes hoy acaparran las riquezas de Bolivia.

La estrategia de la demanda ante La Haya prepara un terreno de provocaciones diplomáticas, y no solo, que confundirá los genuinos intereses de las clases oprimidas y explotadas con los de sus verdugos. El tiempo que nos separa hasta una eventual sentencia de la CIJ, sea cual sea, debe ser utilizado para impedir esto y completar nuestra revolución con el socialismo, convirtiéndonos en ejemplo para la clase obrera y la juventud chilenas. Solo una Federación Socialista de América podrá devolvernos el acceso al mar y permitirnos planificar democráticamente la economía  en beneficio de nuestros pueblos.