Opresión de la mujer privada de libertad: la crisis del sistema penitenciario tiene rostro de mujer

Ya pasaron más de 3 meses de la detención preventiva de la señora Gabriela Zapata Montaño, que fue acusada por el ministerio de la Presidencia de: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, legitimación de ganancias con afectación al Estado, ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por generar reuniones con empresarios en los que supuestamente obtenía beneficio propio. El 24 de marzo se trasladó a GZ del centro penitenciario de Obrajes a Miraflores por razones de seguridad y para garantizar la convivencia pacífica de las internas porque se identificó que ella causaba cierto malestar, intranquilidad y una posible división dentro de la población penal femenina, el 31 de marzo la defensa de GZ aseguro que le pusieron una sustancia toxica en una bebida extraña (mate) que le dejo casi inconsciente y supuestamente fue amenazada por una interna. El 4 de abril se levanta un motín en Miraflores donde un grupo de mujeres privadas de libertad gritaban alrededor de una fogata que GZ sea trasladada a otro reciento penitenciario por presentar actitudes hostiles, agresiones verbales y provocaciones consideradas discriminatorias. Frente a todo estos hechos que la población pudo ser testigo desde su detención la mayoría volvieron su mirada mostrando interés sobre cuáles son las verdaderas condiciones que viven las Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia

Cómo se encuentra el sistema penitenciario en Bolivia y qué lugar ocupa la mujer dentro de este sistema

carcel mujeresEl estado actual de los centros penitenciarios en Bolivia se presenta de manera complicada y grave, mostrando muchas irregularidades en los procesos como ser el retraso procesal en la administración de justicia, la exagerada aplicación de la detención preventiva, la situación cruel en las que se encuentran los reclusos, el hacinamiento, la súper población, la carencia de agua potable, de luz, de alimentación, la carencia de instrumentos que garanticen el derecho a la educación y el trabajo, la carencia de políticas serias y efectivas que vayan de acuerdo con los tratados y estándares internacionales, incluyendo a las leyes en las que se rige nuestro estado con referencia a población privada de libertad

Estamos frente a una crisis de la justicia que es sistemática, heredada de un patrón histórico fundamentalmente injusto, colonial y por demás discriminador, un modelo judicial que logra simplificar en su sistema vicios y las carencias más profundas de la corrupción, la desigualdad.

El problema se presenta de manera general y afecta a toda la población carcelaria, pero debemos reconocer que los problemas con relación a las mujeres es distinto y más complejo, por la forma como la sociedad que aún se mantiene en un sistema patriarcal otorga a la mujer roles de género donde uno de los más importantes es el de ser madre. La pena de privación de libertad que se aplica a la población tanto masculina como femenina es violenta, pero para la realidad de las mujeres se transforma en un escenario con características discriminadoras y opresivas, el sistema carcelario en Bolivia tiene una estructura si bien es insuficiente, manifestándose en el desigual tratamiento penitenciario, sino que los recintos y las políticas públicas penitenciarias presentan un diseño que está dirigido a la población masculina no satisfaciendo las problemáticas específicas de la población femenina que presenta ciertas necesidades y particularidades, de esta manera recae en la reproducción de los patrones patriarcales de la sociedad.

Este sistema penitenciario presenta ciertos problemas que podemos identificarlos de manera clara, una de ellas es el HACINAMIENTO Y LA SUPERPOBLACION, En Bolivia se tiene alrededor de 14.770 privados de libertad de los cuales 1850 son mujeres que representan un 13% frente a un 87% de hombres privados de libertad, posicionándose después del Salvador y Haití uno de los Países con mayor hacinamiento, convirtiéndose en una situación cada día mas insostenible, duplicándose desde el 2012 en los penales de mujeres del País. En los 9 departamentos el mayor número de mujeres que están recluidas se concentra en el eje troncal con un 86.2% del total.

Los únicos criterios de clasificación en las cárceles son enfocados al sexo, no permitiendo otros criterios como ser el de la edad, la tipología criminal, la situación penal; como resultado tenemos que las reclusas se encuentran mezcladas con historial delictivo agresivo con los pacíficos, estos últimos terminan degenerándose, otro conflicto producto del hacinamiento es la mezcla de jóvenes con las adultas.

Otro problema que afecta a las privadas de libertad es la EXAGERADA APLICACIÓN DE LA DETENCION PREVENTIVA, conocemos que la Normativa Penal Boliviana conceptualiza a la Detención Preventiva como un procedimiento excepcional, pero lamentablemente sigue siendo considerada como la base de la persecución penal, convirtiéndose en una causa que eleva el hacinamiento y la superpoblación carcelaria, el 76% de la población Femenina privada de libertad se encuentra en Detención Preventiva y solo un 24 % tiene condena llegando a un 94 % en detención preventiva en algunos departamentos, el 56% se encuentran recluidas por Narcotráfico, 14% por delitos contra la vida, 10% por estafa y defraudación y con un 10% por delitos contra la propiedad, frente a este problema las detenidas preventivamente realizan las solicitudes de la aplicación de las medidas sustitutivas que no son atendidas en los plazos que establece la ley, dando como justificación la sobre carga de trabajo de los administradores de justicia, quienes son los que postergan o suspenden las audiencias en varias oportunidades ante cualquier problema que debería resolverse de forma inmediata, cuando las audiencias son suspendidas no consideran los esfuerzos que realizan las privadas de la libertad, para cubrir los gastos que significan el traslado hasta los juzgados, donde se incluyen los gastos de alimentación, transporte y otros gastos extra que son exigidos por las custodias. Asimismo tropieza con la el limitado Servicio de Defensa Publica que se instaló en el País desde el 2003, a nivel nacional para una población penal de 14770 reclusos se tiene 84 Defensores Públicos que deben atender los casos designados.

Dentro del 10% que se encuentran en detención preventiva con los últimos datos que pudimos obtener en Bolivia, se iniciaron 775 investigaciones en la policía entre el 2008-2013, que fueron denunciadas por haberse practicado un aborto, ejerciendo sobre las mujeres el control sobre la decisión de las mujeres criminalizando el derecho a decidir el no ser madre, de las denuncias que mencionas anteriormente pocas resultaron en condenas, pero se tuvo un caso de una mujer de 28 años en la ciudad de Santa Cruz que quedó embarazada como resultado de una violación. Intentó inducirse un aborto y terminó en el hospital con complicaciones graves, la penalización de la interrupción del embarazo orilla a las mujeres más pobres a buscar opciones inseguras para su salud y su vida. Cuando esta mujer estuvo en el hospital, su médico la denunció a las autoridades, fue detenida y esposada al ser acusada de realizarse un aborto ilegal. Tuvo que pasar 10 días de hospitalización bajo custodia de la policía para después ser trasladada a una prisión donde subsecuentemente pasó ocho meses en detención preventiva.

Un problema más latente es la CONVIVENCIA DE LOS HIJOS E HIJAS INTERNOS CON SUS PADRES Y MADRES EN LAS PRISIONES, alrededor de 1500 niños y niñas viven con sus madres en la prisión debido a la carencia de espacio la mayor parte de las mujeres son obligadas a compartir su destino con sus hijos, estos pueden ser lactantes, menores de 6 años como lo indica la ley 2298 en su artículo 26 permite que los niños menores de edad permanezcan con sus padres al interior del Centro penitenciario, también establece la creación de guarderías al interior de mismo, obligando al Estado a otorgar a los niños una alimentación acorde con su edad y necesidades nutricionales.

A nivel nacional solo 4 centros penitenciarios cuentan con guarderías escasas y los demás Niños, niñas y adolescentes viven todavía con sus madres dentro de la prisión, los mayores de 6 años deben entrar y salir para que sus madres les provean de alimentos, del lavado, planchado y arreglo de su ropa, si los niños se enferman deben pagar costos para el traslado de un policía porque la madre no puede salir del penal, este beneficio precario solo lo acceden las personas que pueden pagar sin problemas los pedidos de la custodia sin importar la hora e incluso son trasladados a clínicas privadas

Otro de los problemas por los que atraviesan las mujeres en la prisión son las insuficientes condiciones de encarcelamiento en temas de Salud, Alimentación e Higiene, la normativa demanda que exista servicio médico en las cárceles de mujeres pero solo se tiene un médico general con ítem de tiempo parcial que muchas veces se encuentra ausente, el cual no satisface las necesidades que su salud Reproductiva requiere, las condiciones son peores cuando se necesita la atención Gineco-obstetrica, solo se realiza mediante un trámite especial para que se les traslade a un hospital público o especialistas que su necesidad requiera, las presas deben tener una alimentación sana y equilibrada con valor nutritivo no es posible en la prisión debido a que reciben 8bs por día que debe cubrir su desayuno, almuerzo y cena en el caso de que tengan hijos al interior este debe ser repartido para la alimentación de sus hijos que están en compañía de sus madres

Es responsabilidad del Estado la REINSERCION SOCIAL DE LA PRIVADAS DE LIBERTAD CON LA OPORTUNIDAD DE ACCESO A LA EDUCACION, TRABAJO Y CAPACITACION EN LAS CARCELES, esto es mencionado en el artículo 9 de la ley 2289 es deber del Estado la promoción al ejercicio de los derechos a la educación y en el artículo 188 donde menciona que la alfabetización debe ser de manera obligatoria. La carencia de políticas orientadas a la rehabilitación y reinserción de las mujeres privadas de libertad atraviesa con la falta de espacios para la instalación de distintos talleres destinados a su formación técnica donde sus posibilidades de ingresar al mercado laboral son truncados por la falta de espacio, la falta de ítems de educación, falta de programas de trabajo, les priva la opción de condiciones de rehabilitación. Las mujeres buscan maneras de sobrevivir dentro de lo penales, porque deben seguir desempeñando el rol de sostén de su familia en muchos casos son jefas del hogar, muchas de ellas trabajan en las lavanderías, hacen repostería, tejidos que son comerciados en los centros penitenciarios, también apoyan en la cocina, sirviendo almuerzos para las demás y las familias que llegan en los días de visita

A parte de las direcciones Penitenciarias que se encuentran a nivel nacional la única institución que se ocupa de la población carcelaria en Bolivia es EL DEFENSOR DEL PUEBLO, que se rige en la ley 1818 (ley del Defensor del Pueblo) actualmente vigente, dentro del artículo 11 de las atribuciones inciso 6 que dice: El Defensor del Pueblo deberá Vigilar la situación de las Personas Privadas de Libertad, para velar por el respeto de los límites de detención. Para este efecto y para fines de registro del Defensor del Pueblo deberá ser informado por escrito de todo arresto, apresamiento o detención que se realiza en el territorio nacional, además que entre sus objetivos principales de gestión es el de aportar a la defensa y protección de los derechos de las mujeres desde la perspectiva integral transformadora del Patriarcado, deberá trabajar por velar y denunciar los espacios donde los derechos de la mujer son invisibilidades por el sistema penitenciario derivando un informe sobre la situación de la mujer en las cárceles en el 2013

Una mirada más profunda a la situación de la mujer en las cárceles

El incremento de la Población Carcelaria se da como efecto de respuestas inadecuadas que nos brinda el Estado a los Problemas de Seguridad Ciudadana, y los obstáculos para la aplicación de medidas sustitutivas. En Bolivia existen solo 4 centros penitenciarios exclusivos para mujeres que se encuentran dos en La Paz, uno en Cochabamba y uno en Beni, las otras se encuentran compartidas, separadas por puertas o muros inestables. La ley de Ejecución penal y Supervisión 2298 en su artículo 83 y 84, indica que el número de recluidos nunca podrá ser superior a la capacidad que tenga el centro penitenciario, esta situación no se cumple y solo se queda en papeles más que solo perjudica a la situación de la mujer privada de libertad

Si analizamos el tema judicial para los jóvenes, sabemos que la edad penal es a los 16 años, estos no reciben un tratamiento diferenciado que atienda sus problemas y llegan a ser objeto de ultrajes de todo tipo desde lo sexual hasta explotación laboral dentro del penal, se tiene un 90% de privadas de libertad que tienen entre 22-59 años, un 8% son adolescentes y solo un 2% son adultas mayores

Nos encontramos frente a una situación de vulnerabilidad que se aumenta con las audiencias dilatadas y los plazos excedidos, además de la insuficiencia de la defensa publica, jueces, fiscales, magistrados así como la creciente inestabilidad y rotación laboral provoca retrasos en la administración de justicia, pero debemos entender que mientras se demora un procedimiento penal más habrá que negociar con todas las partes llegando a convertirse en una justicia mercantilizada

Una de las preocupaciones más lacerantes en las cárceles de nuestro País, es la presencia o ausencia de sus hijos e hijas sobre todo las menores de edad hasta los 6 años como indica la ley, esta edad es suficiente como para que el niño o niña adquiera conciencia del contexto en el que se encuentran sus padres juntamente con él o ella, los niños/as recluidos soportan una fuerte estigmatización que a la vista de la sociedad, muchas veces los niños/as pierden el miedo a la prisión y se prepara para ser un adulto delincuente que no tendrá miedo al castigo que ha asumido como una forma de vida, todos sus recuerdos y experiencias se disminuyen al patio de la cárcel, donde convive con otros adultos extraños a él. El mayor número de niños/as y adolescentes que viven con sus padres en las cárceles son en La Paz y en Cbba permanecen Adolescentes debido a la situación de pobreza y desamparo, en las cárceles mixtas muchos adolescentes sufren acoso sexual. Las únicas cárceles que cuentan con guarderías precarias en malas condiciones dentro de lo penales están San Sebastián (Cochabamba), Palmasola (Santa Cruz), Obrajes y Miraflores en La Paz. La alimentación de los niños/as en 39% es asumido por la Dirección del Recinto Penitenciario el 28% lo debe compartir con su madre y un 33% son gastos erogados por la Mujer Privada de Libertad.

La situación de la salud en las cárceles recae con más fuerza sobre el hombro de las mujeres debido a la ausencia de médicos estatales, cuando es necesario una atención medica se necesita un trámite burocrático, y además más caro porque son ellas mismas las que deben pagar su traslado y muchas veces sufren discriminación por parte del hospital que no acepta la atención a las privadas de libertad

Si bien la ley debe encargarse de promover el ejercicio del derecho a la educación y a su preparación para su salida y poder reinsertarse a la sociedad, esto solo queda en palabras, porque estamos frente a un sistema penitenciario patriarcal que solo las labores domésticas como el tejido, la repostería y otros son opciones para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral para acceder a una autonomía económica, que en muchas cárceles ni existe por falta de ambientes que son usados para el descanso de otras nuevas reclusas

Vulnerabilidad de la mujer para ser inducida a cometer delitos

De acuerdo a los diferentes relatos testimoniales de varias privadas de libertad pudimos darnos cuenta de la facilidad con que fueron involucradas en varios delitos, algunas veces por la desinformación a la que están expuestas, también por la presión social que ejerce el sistema por las responsabilidades familiares, existe porcentajes mínimos que sabiendo los riesgos que implica el cometer delitos lo hacen con pleno consentimiento

Existe un 56% de mujeres privadas de libertad que están recluidas por delitos de Narcotráfico, en su mayoría vinculadas al micro tráfico de drogas siendo acusadas por transportar droga en gramos, estas mujeres también son llamadas mulas que son las que llevan la droga de un país a otro, utilizando diferentes estrategias, como ser el transporte en sus propios estómagos poniendo en riesgo su salud e incluso su vida llevándolas en algunos casos hacia la muerte, después de que Bolivia adopto estrategias antidrogas marcadas y delineadas por EEUU que gracias a ello se aprobó la ley 1008 del 19 de julio de 1988 sobre el régimen de la coca y sustancias controladas creando servidumbres políticas al mismo tiempo llegan a ser los responsables del incremento de la Población Penitenciaria

Muchas mujeres detenidas son aquellas que cumplen un rol como jefas del Hogar y el abandono de la pareja es una condición común en las familias bolivianas, en muchos testimonios las mujeres realizan el delito “Por ganarse unos centavos y mantener a sus hijos” además de aquellas mujeres que lo hacen “Por enamorarse y ser engañadas”, si vemos más allá del delito que cometieron, provienen de familias numerosas donde todo el peso del sistema cae en el hogar donde la mujer debe hacer alcanzar lo poco que tiene por que lo que gana el esposo no alcanza, por la necesidad son inducidas a salir a las calles a poder ganarse algo de dinero, convirtiéndose en presas fáciles para el narcotráfico que se aprovecha del dolor y la desesperación de estas mujeres

Existe un grupo reducido de mujeres que son consumidoras de drogas y alcohol que se inician en la adolescencia que derivan del abandono de sus hogares o provienen de hogares disfuncionales que por la adicción realizan hechos delictivos, muchas veces la adicción en alto grado anula su voluntad de reconocer lo ilegal. La ley no contempla una política de acción que vaya dirigida a la recuperación de las adicciones a la droga o el alcohol, la solución no es la restricción sino debería existir un proceso de rehabilitación que permita la desintoxicación física, psicológica y social

Gran proporción de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y otros) que en su mayoría son cometidos por sus parejas, algunas en su afán de ya no soportar más agresiones han querido romper ese círculo violento y cometieron homicidio o asesinatos contras sus agresores, que lo único que hicieron fue responder en un esfuerzo por defenderse que se deriva en una respuesta violenta llegando a acabar con la vida de su agresor cónyuge

¿Qué pasa con el cumplimiento de sus derechos sexuales de las mujeres privadas de libertad?

Al ingresar a los centros penitenciarios existe un quiebre del vínculo familiar y peor aún si son madres, las familias se descomponen y se desintegran, en su mayoría las mujeres por el rol reproductivo que se les asigna en una sociedad machista y patriarcal, el 50% de ellas viven en unión marital, los primeros meses son visitadas por sus parejas pero con el tiempo son abandonadas por sus parejas, además son estigmatizadas por la sociedad que las castiga doblemente por ser mujeres y madres, deberán pagar la costó social al ser mal vistas por sus propios esposos y parientes que tienen un modelo de imagen “limpia o inocente” calificándolas como “malas mujeres”, un 38% de mujeres son abandonadas por sus familiares al entrar a la cárcel aparte del abandono deben sufrir muchas restricciones que conlleva la prisión, con la imposibilidad de continuar su vida sexual activa muchas veces son absorbidas por el temor a reclamar abiertamente este derecho debido a los prejuicios, las visitas conyugales es un derecho y su aplicación es restringida, donde se manifiesta casos de discriminación cuando quieren acceder a este beneficio, primero deben acreditar tener una relación matrimonial o de concubinato a diferencia de los varones que gozan del ingreso irrestricto de mujeres sean estas sus cónyuges o no, a esto se aumenta los obstáculos y retardación del trámite que deberán cumplir, donde los varones tardan menos tiempo en conseguir su autorización contribuyendo con esto al deterioro del vínculo conyugal, además de que no existe infraestructura adecuada para las visitas conyugales

Cómo se puede cambiar la situación de la mujer en las cárceles de Bolivia

Para nosotros los marxistas las cárceles son una herramienta de opresión de clase en la que caen todos los que no tienen a su alcance un instrumento de lucha colectiva viable para cambiar su situación social. Estamos convencidos que debemos iniciar una lucha contra la opresión de clase en las cárceles, porque debemos ver el que el fondo de la crisis carcelaria es el fiel reflejo de la crisis de la sociedad actual, y la carga más pesada recae en las mujeres, tenemos que entender que las cárceles llenas ocultan la pobreza, las mujeres privadas de libertad en su gran mayoría provienen de estratos sociales bajos entonces se encarcela la pobreza, las que tienen dinero pueden acceder a garantes, registros domiciliarios, contratos de trabajo y otros requisitos que exigen los jueces, la mayoría de las mujeres pobres difícilmente cuentan con estos requisitos imposibles para ellas, la diferencia es que las ricas aunque infrinjan la ley muy rara vez son llevadas a las cárceles, un 57% deben acceder a la defensa publica por que no cuentan con suficiente dinero para contratar los servicios privados y un 41% cuenta con defensa particular, consiguiendo con esto castigar la pobreza ocultando la enorme desigualdad social que todos podemos ser testigos, peor aún en una sociedad que se basa en la explotación, la competencia, el individualismo, egoísmo y el resguardo de la propiedad privada nos convencemos que no tienen la autoridad moral para pedir que las personas acepten resignándose a la miseria que les deja la sociedad y el sistema actual

Las cárceles se encuentran lejos de querer disminuir la criminalidad más aún que la fortalecen, cultural y socialmente reproduciendo una diferenciación en “clases de ciudadanas”, el estar presa cuesta como lo dijimos en un artículo anterior El Papa y la opresión de clase del sistema carcelario boliviano , la condición económica de las reclusas determina el tamaño de su celda, privilegios de visitas, elegibilidad para salir de la cárcel por el día y retornar a dormir por las noches sin la necesidad de contar con una autorización judicial, y además tolerar la discriminación por ser mujer que se ve reflejado en el trato que reciben de los operadores de justicia

Para poder cambiar la situación de la mujer en las cárceles debe iniciarse con la habilitación de centros de detención exclusivos para mujeres que se encuentren sujetos a criterios de clasificación por razones de edad, antecedentes delictivos, buscando siempre la homogeneidad de los grupos, también que se debe realizar una revisión de los procedimientos de las detenidas preventivamente que se encuentran por más 12 meses sino se le ha dictado sentencia para saber que delito se le imputa, el Estado deberá cuidar que se cumplan los plazos legales máximos de detención, el Sistema Penitenciario deberá garantizar la construcción de guarderías adyacentes a los penales para que los niños no vivan con sus padres en los centros penitenciarios ni en la calle o los hogares sustitutos de niños y niñas para lograr la integración social que necesitan para su desarrollo, el estado debe tener la obligación de hacerse cargo de los niños/as y adolescentes cuando superen la edad que indica la ley para la permanencia con sus padres el interior de las cárceles, se deberá contar con personal idóneo designando presupuestos para la formación, capacitación y actualización del personal penitenciario, operadores de justicia y de la población recluida en temas de atención con calidad y calidez, género y derechos de las mujeres, que se otorgue ítems para establecer los verdaderos servicios penitenciarios que son cinco: salud (médicos, enfermeras y especialidades como la ginecología), legal (el incremento de defensores públicos que puedan atender los casos), Psicológico, social (trabajadoras sociales), educación y capacitación, instalaciones adecuadas ofreciendo condiciones dignas de habitabilidad en el marco de los derechos humanos , individualización del tratamiento, se debe velar por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre las reclusas y su familia con 2 visitas a la semana incluso los domingos y feriados con apoyo paralelo a la familia para la reconstrucción del núcleo social, también se debe cumplir con las políticas necesarios para cumplir una verdadera reinserción social con una mirada despatriarcalizadora, y de verdadera justificación rehabilitadora para que una vez que cumpla su condena tenga más oportunidades de mejorar sus condiciones y no volver a caer en hechos delictivos, tomando en cuenta que la sanción para las privadas de Libertad deber ser un medio de reeducación

Esperemos que la cumbre de justicia que se realizara en los próximos días tome en cuenta la situación latente que se presenta el sistema judicial y penitenciario que tienen las mujeres, y los niños/as, adolescentes que al ser castigadas sus madres también son castigados, que el Defensor del Pueblo que tiene unas semanas de posesión, deberá plantear políticas públicas para las reclusas y no solo se limiten a velar el cumplimiento del ejercicio de sus derechos que es insuficiente por ultimo debemos decir que ¡¡¡¡¡LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO TIENE ROSTRO DE MUJER¡¡¡¡¡.