Corrupción en el Fondo Indígena: que lecciones para el movimiento campesino e indígena

La primera parte de una auditoría al Fondo Indígena ha revelado millonarios daños económicos al Estado en el manejo de los recursos del Fondo Indígena entre 2010 y 2013. Además de los 153 proyectos fantasmas donde con un desfalco de poco más de 70 millones de bolivianos hay otros 260 proyectos que no habrían comprobado su ejecución o cierre. Un daño económico total por aproximadamente 277 millones de bolivianos que no puede considerarse una “sorpresa”.

¿Qué es el Fondo Indígena?16402

El Fondo Indígena fue creado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) durante el gobierno interino de Rodríguez Veltzé (2005), actual plenipotenciario de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El inicial 5% de IDH destinado al Fondo Indígena fue luego reducido a un 3,34% para aportar al pago de la Renta Dignidad.

La función del Fondo Indígena es de “financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas”. Estos proyectos son evaluados y aprobados por un directorio presidido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y conformado por 12 representantes de las diferentes organizaciones indígenas, campesinas e interculturales del país.

El Fondo Indígena nació entonces como una especie de “pacto fiscal” con las organizaciones campesino-indígenas que se proponía oficialmente de dotar la autonomía de las comunidades rurales de recursos para su desarrollo, obtenidos como compensación por las actividades extractivas. Sin embargo su verdadera función era de distraer y apartar a las organizaciones campesino-indígenas de la vida política nacional, corrompiéndolas. Esta es la autonomía indígena defendida desde el imperialismo, la OIT y las ONGes.

Las denuncias anteriores

En los cuatro años (2010-2013) que recién se empieza a auditar, fueron transferidos al Fondo Indígena aproximadamente 1.298 millones de bolivianos, lo cual quiere decir que ya ahora el escandalo afecta un 21% (277 millones) del presupuesto de las gestiones en consideración. Es demasiado como para no haber sido notado. De hecho no se puede decir que todo esto sea una sorpresa: las denuncias de mal manejo del Fondo Indígena han sido recurrentes.

Un estudio de la Fundación Jubileo Bolivia de agosto de 2011, por ejemplo, evidenciaba la falta de transparencia, fiscalización y la baja ejecución presupuestaria de los recursos del fondo. Aquella publicación, en plena VIII Marcha Indígena, atizaba también el fuego de la confrontación entre las organizaciones campesinas, señalando que el 86% de los recursos del Fondo Indígena son acaparados por las tres confederaciones más orgánicas al MAS (CSUTCB, interculturales y Bartolinas) y destinados por un 15% a su propio fortalecimiento. De hecho entre las demandas de la marcha por el TIPNIS había la descentralización del Fondo para los indígenas del Oriente.

Medios de prensa como ERBOL o Pagina Siete publicaron varios reportajes sobre el desfalco de fondos en proyectos fantasmas o campañas electorales. Pero por encima de todo fueron  dirigentes campesinos, algunos de ellos militantes del MAS, los que denunciaron un entramado de corrupción que llegaría a funcionarios de ministerios y a la propia Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Por una denuncia por malversación en el Fondo Indígena el dirigente campesino beniano Jacobo Soruco Cholima fue asesinado en junio de 2014.

¿Por qué ahora?

Entonces: ¿Por qué ahora? Las revelaciones de la Contraloría llegan a final de una auditoria que empezó hace poco más de un año y fue hostigada por la dirigencia de algunas organizaciones, como lamentado por el propio Evo Morales en declaraciones públicas de diciembre de 2013. Sin embargo es evidente que destapar ahora este escándalo responda a una particular “alineación de astros”, por así decirlo.

En primer lugar la caída del precio del petróleo y la consecuente disminución de ingresos fiscales (un 12% menos tan solo en enero de 2015) reducirá las transferencias al Fondo Indígena haciendo aún más necesaria la eficiencia y mayor ejecución presupuestaria. Sin proyectos reales y realmente ejecutados está en peligro el pacto político y social con la base campesino-indígena.

Dirigentes de todas las organizaciones representadas en el directorio del Fondo Indígena serán escuchados en el marco de la investigación que arranca de las revelaciones de la Contraloría. Esto ejercerá presión y representará una advertencia a todo el movimiento campesino-indígena que, como las próximas elecciones subnacionales demuestran, es siempre más crítico por sentirse apartado de las esferas de las decisiones internas al gobierno y al MAS.

Como hemos señalado en anteriores escritos, el desplazamiento político del movimiento campesino-indígena no habría sido posible sin la posición subalterna de la COB y sirve al gobierno a allanar un camino sin presiones sociales hacia pactos políticos y productivos con los agroindustriales con los cuales se espera prolongar el auge económico en el nuevo escenario determinado por la expansión de la crisis mundial del capitalismo. Sin embargo no será balanceándose entre clases y sectores sociales que se podrá estirar la frazada que se achica.

Qué lecciones extraer

Pese a todos los avances en la titulación de tierras, apoyo a la producción y participación democrática conquistados con el actual proceso, el movimiento campesino e indígena sigue cargando con los problemas materiales que están a la base de la opresión social y nacional que sufre. Entre estos; minifundio, erosión de suelos y escasa productividad agrícola, concentración de las mejores tierras en pocas manos, dificultad de acceso a la tierra y a los sistemas de mecanización de los cultivos, aislamiento, una tijera muy ancha entre el valor de la producción agrícola y el de los productos industriales que servirían a elevar el nivel de vida en el agro etc.

Estos problemas no pueden ser solucionados a nivel local, sino solo con un programa agrario por la definitiva liquidación del latifundio y el fortalecimiento de la producción comunitaria en la perspectiva de la soberanía alimentaria. Para que este programa funcione deben ser los propios campesinos e indígenas a dirigir su realización, lo cual es imposible dentro de una democracia representativa burguesa. Por esto ninguna revolución agraria es posible fuera del marco de la revolución socialista, por la administración obrera y campesina de las principales palancas de la economía. Solo así el movimiento campesino e indígena podrá liberarse de las injerencias políticas en las cuales tropiezan sus intentos de autonomía.

Contrariamente a la revolución del ’52, la reforma agraria del MAS ha dejado que sea el mercado a seleccionar los productores y consecuentemente ahora se aboca a los grandes agroindustriales para ampliar la frontera agrícola. La corrupción en el Fondo Indígena es otro resultado inevitable de esta línea política que solo puede ser revertida organizando sobre un programa revolucionario a las bases campesino-indígenas junto a lo mejor de la vanguardia obrera, la juventud revolucionaria y aquellos sectores de clase media, como por ejemplo los maestros que, cuando animados de compromiso social, contribuyen a hacer del mundo rural un sujeto político nacional. Este es el cometido de la Corriente Marxista Internacional.