Empieza la crisis: la lucha de los productores de quinua

Los productores de quinua están bloqueando la carretera Potosí – Oruro a la altura del municipio de Challapata. Este conflicto – que ya ha cobró 11 comunarios detenidos y cien heridos – es un ejemplo emblemático de los riesgos que la caída de los precios internacionales pone a nuestra economía y de la necesidad de enfrentarla con un programa unitario de lucha para completar la revolución, antes que esta siembre más corporativismo y divisiones en el movimiento popular.bloqueoquinua

El precio de la quinua se ha desplomado: de los casi 2000 bolivianos por quintal del primer semestre del año pasado, hemos bajado a un precio de entre 600 a 900 bolivianos por quintal en la parte final de 2014. Este hundimiento se debe a un conjunto de factores, como ser: los efectos de la caída del precio del petróleo con la contemporánea apreciación del dólar y la competencia de la producción peruana que, según denuncian productores bolivianos, abaratarías sus costos con un masivo recurso a agentes químicos y penetraría de contrabando al mercado boliviano por la acción de intermediarios.   

La asociación de productores de quinua ha empezado esta lucha reivindicando entre otros: la firma de un protocolo fitosanitario para el comercio de quinua con China y la eliminación de los intermediarios. Sobre el primer punto el gobierno objeta que este sería desventajoso para nuestra economía. El problema no es este un protocolo para la exportación a China, sino la letra chica del comercio bilateral con el gigante asiático. Perú por ejemplo tiene un Tratado de Libre Comercio con China desde 2010. Evidentemente, cuando el precio de las materias primas está elevado, este TLC parece beneficioso, pero cuando este precio baja (como en 2008) la invasión de productos chinos, que debilita la industria, provoca déficit. Además permite a empresas chinas de ir monopolizando aspectos de la cadena productiva como del comercio agrícola.

Todo esto es cierto y derrumba todas las viejas ilusiones con poder contar sobre el apoyo de algunos países para desarrollar nuestra economía de manera independiente del imperialismo. El apoyo de Venezuela, decisivo en la primera etapa del proceso, ahora nos hace importar su crisis, como en el caso de ENATEX. La situación en el Brasil nos expone a las incursiones de multinacionales y empresarios de ese país en la ampliación de la frontera agrícola en el Oriente y en la comercialización de los productos etc. Nuestra economía es demasiado débil para resistir a este tipo de presiones.

La política agraria del gobierno nunca estuvo genuinamente inspirada a un socialismo. Se ha dejado al mercado la selección entre productores, como demuestran los violentos conflictos por las zonas de sembradío de quinua de los años pasados. Los productores nunca se beneficiaron por completo del aumento de precios.

Las dificultades en el lavado del grano, que imponen a los productores de vender solo la materia prima, podrían ser superadas con inversiones tecnológicas y la industrialización que incluso exponentes de derecha reivindican. Pero el problema no es solo económico, es principalmente político. Si no se tiene una visión para vincular la lucha de los productores de quinua al proceso, es inevitable que florezcan reivindicaciones sectoriales y la sensación que el gobierno no atienda las demandas de la bases.

Debe empezarse por el monopolio y el control público, ejercido a través de los propios productores, sobre el comercio de quinua, eliminando intermediaciones. Así el sector podrá generar recursos propios para la industrialización. Esta debe ofrecer incentivos concretos a la unión entre los productores en empresas comunitarias a través de las cuales aumentar productividad y producción, eliminando los problemas del “minifundio”, trágico legado de la reforma agraria burguesa de 1952. El protagonismo de las comunidades y los productores en las políticas agrarias referidas a la ampliación de la frontera de la quinua debe ser absoluto. Solo así se evitará que luchas como estas, o como de los cooperativistas mineros que ya exigen subvenciones públicas al precio de los minerales, acaben dividiendo al movimiento popular, cuya unidad es requisito indispensable para afrontar la crisis.