Alcances y retos de la revolución productiva

El enfoque comunitario

Objetivo de la ley es avanzar hacia la soberanía alimentaria garantizando el derecho a una alimentación completa para todos los bolivianos. Para ello se dispone la creación de una serie de empresas públicas que sostengan la producción agraria de diferentes maneras, financiera, con la instauración del Seguro Universal Agrícola que proteja de los riesgos climáticos, y productiva, producción de semillas, abonos y fertilizantes. Sin embargo el aspecto más destacable de la ley es su enfoque comunitario, es decir que apunta al fortalecimiento y la participación política de la producción campesina comunitaria.

Se instituye un Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP) conformado por el Presidente, los ministros del área, “representantes de las organizaciones indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas a nivel nacional” y agroempresarios (art. 37). Este Consejo tendrá las funciones de coordinar y garantizar la participación de los productores, particularmente de organizaciones como la CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB y otras, a la “elaboración de políticas públicas” y a la planificación quinquenal de la producción. Además las mismas organizaciones serán las que fiscalizarán el manejo de los recursos financieros destinados a las comunidades.

El actual contexto productivo

Los grandes objetivos de la ley tendrán que imponerse en un contexto productivo que es totalmente diferente a lo que la ley enuncia. La importación de alimentos se ha incrementado de un 60% en los últimos años porque – en régimen de libre mercado – resulta incluso más barato importar alimentos que en los países vecinos son producidos con un más elevado nivel tecnológico, entonces más alto rendimientos y bajos costos.

Otro problema fundamental es la cuestión de la tenencia de la tierra, problema que la legalización de los derechos adquiridos antes de la aprobación de la nueva CPE ha agudizado. La gran propiedad agroempresarial representa solo el 0,63% de los propietarios y sin embargo aun controla más del 60% de toda la superficie cultivable, a pesar de los parciales avances del saneamiento que han interesado casi exclusivamente tierras fiscales. Por otro lado sigue habiendo una enorme masa de campesinos pobres (estimados en 2 millones) cuya capacidad productiva actualmente es limitada a la subsistencia.

El motor de la revolución

Organizaciones ambientalistas, indígenas y expertos han criticado la legalización de los transgénicos o el hecho que la ley no rompería el monopolio de la producción de semillas o finalmente la cuestión que el Seguro Universal quedaría en manos privadas. Son todas cuestiones importantes en las cuales pero, por problemas de espacio, no entramos concentrándonos en el que consideramos el aspecto fundamental.

La ley proclama a la comunidad campesina como el motor de la revolución productiva agraria y la soberanía alimentaria. Pero la realidad es que el motor de la producción agropecuaria en Bolivia es la empresa. Según un estudio de la CEPAL hoy en día la producción agrícola de las unidades campesinas con menos de 20 hectáreas representa menos del 40% del total cuando era el 85% en 1971. La sola industria agropecuaria de Santa Cruz de la Sierra tendría una capacidad productiva para 1.600.000 toneladas de oleaginosas por año, 660 toneladas diarias de trigo, 1.290 res al día, 4 millones de pollos por año, según datos de la Cámara Agropecuaria de Oriente. ¡He ahí la soberanía alimentaria convertida en lucro privado!

Nuevos conflictos

La ley afirma que se consensuaran metas y volúmenes de producción con todos los actores sociales. En materia de hidrocarburos la nacionalización preveía que YPFB decidiese en función del mercado interno el volumen de gas y petróleo producido por las multinacionales. Lo que obtuvimos fue el contrario, las inversiones de las multinacionales decayeron y la producción quedó orientada solo a la exportación, peligrando los proyectos de desarrollo y producción energética. Y generando el problema del gasolinazo.

En materia de producción agropecuaria y de alimentos hemos sufrido en los últimos años desabastecimiento. La limitación a las exportaciones ha provocado una caída en la siembra de maíz y otros productos, con la necesidad de importarlos, además de una explosión del contrabando y especulación. La contramedida del gobierno fue de tratar de tranquilizar a los empresarios asegurándoles la posibilidad de ampliar la frontera agrícola, es decir ocupar nuevas tierras. Pero esto genera conflictos por la tierra que repercuten en el mismo seno de las organizaciones campesinas, donde un sector de campesinado acomodado y preindustrial se hace portavoz de los intereses de la gran agroindustria.

Liquidar el latifundio por la soberanía alimentaria

Es por todas estas razones que la Ley no resuelve realmente la cuestión agraria y productiva en Bolivia, que podrá solucionarse solo liquidando el latifundio y poniendo su capacidad productiva en mano de campesinos y trabajadores para la soberanía alimentaria. Sin embargo ahora la cuestión se pone de manera diferente. La conformación del COPEP da a los campesinos la sensación de poder determinar la política agraria. Alentados por este hecho intentarán imponer una visión realmente comunitaria y de poder popular en esta delicada materia.

Por esto hay que exigir que el COPEP sea compuesto solo por representantes democráticamente elegidos y revocables de las comunidades campesinas y no sea solo para coordinar, sino que, junto a consejos similares conformados por trabajadores, sea el organismo que realmente decida sustituyendo las funciones de los correspondientes ministerios. Frente al pragmatismo de funcionarios de gobierno que ya en pasado han reaccionado al saboteo empresarial haciendo concesiones a los terratenientes, hay que exigir la verdadera liquidación del latifundio, la expropiación de la tierra y su dotación a las comunidades, apoyando materialmente con tecnología, insumos etc., su desarrollo. Esta es la revolución productiva, a partir de los mismos sectores campesinos de vanguardia, que la ley actual solo vislumbra sin concretarla realmente todavía.