Nuevamente Colquiri: ¿qué política minera?

Un atentado a las instalaciones de la estatal Empresa Minera Colquiri, amagues de enfrentamientos entre asalariados y cooperativistas y el bloqueo protagonizados por estos últimos en la carretera La Paz – Oruro; han puesto nuevamente a Colquiri al centro de la atención, demostrando que la salomónica división del yacimiento impuesta entonces por el gobierno, solo servía a patear en adelante este conflicto.colquiri1

Para entender por qué no nos estamos sorprendidos por estos nuevos desenlaces, nos permitimos refrescar la memoria con lo que escribimos en 2012 después de la parcial nacionalización del yacimiento de Colquiri:

La recuperación a la empresa estatal de los ramales Rosario “N” y parte del Rosario “D” es una victoria parcial para los trabajadores que no pacificará definitivamente Colquiri ni acaba con las tensiones entre asalariados y cooperativistas…

El cooperativismo no es ni puede ser considerado el problema principal de la minería. Sin embargo en la medida en que los eslabones de la cadena productiva minera son controlados por las multinacionales y no por el Estado y se permite que las cooperativas sigan exentas de impuestos y del respecto de derechos laborales, el cooperativismo se convierte naturalmente en aliado y punta de lanza de las multinacionales, a las cuales permite la externalización del trabajo.

El conflicto en Colquiri se originó a partir de la decisión de la multinacional Glencore (SINCHI WAYRA) de subarrendar a la Cooperativa 26 de Febrero la veta Rosario, con el compromiso de vender a la multinacional todo el mineral. Es una señal importante para los trabajadores y el gobierno: mientras la minería necesitaría inversiones en productividad para enfrentar las fluctuaciones de precios, las multinacionales recurren a la terciarización del trabajo para reducir costos, ganar apoyo social y maximizar ganancias.

La chispa inmediata por la reactivación de este conflicto es la crisis de precio de los minerales y la promulgación de un decreto que establece más controles, aunque siempre eludibles, en su comercialización. Pero en el fondo el problema son las condiciones de atraso en que se desarrolla el trabajo cooperativista, la ausencia de una política de auténtica recuperación y de relanzamiento sustentable del potencial minero nacional, y el abandono por parte de la COB y la FSTMB de la reivindicación de la nacionalización, ausente de las principales luchas mineras de estos meses.

Después de su parcial nacionalización, Colquiri ha sido laboratorio para la introducción de una escala salarial vinculada a la productividad. Por ahora se ha contribuido a mantener la empresa rentable, sin embargo esto no hará más que hacer más vulnerables y presionados a los trabajadores frente a la crisis. Que el salario esté vinculado a la productividad – que no depende de los trabajadores sino del grado de desarrollo tecnológico de las empresas – es el reclamo de la patronal que encuentra en esta empresa estatal su caballo de Troya. Un retroceso que aísla a los asalariados de Colquiri frente al conjunto de la clase obrera nacional.

Dando marcha atrás, el gobierno hoy propone la nacionalización de todo el yacimiento y la incorporación de la Cooperativa 26 de Febrero a COMIBOL. Esta vez son los asalariados que se oponen, temiendo para esta empresa la misma suerte de Huanuni, donde el agrandamiento de las planillas se paga hoy con recortes salariales y retiros forzosos que el Ministro eufemísticamente denomina “saneamiento social”. Las partes se han parcialmente intercambiado respeto a 2012 lo cual expresa el reflujo inducido en la clase obrera por la sumisa posición frente al gobierno y un balance errado de lo que fueron los límites de la lucha por la nacionalización de Colquiri, y confirma que las cooperativas no son el “principal enemigo”, el enemigo estratégico.

Evo Morales insiste que para profundizar la nacionalización de la minería – como voces del gobierno tímida y parcialmente proponen – es necesario que se demuestre la rentabilidad de las empresas estatales. Sin embargo las cosas están al revés: es exactamente la coexistencia de multinacionales con las pocas empresas estatales lo que no permiten que despeguen los proyectos de industrialización y sume la minería nacionalizada en la crisis. Solo pudiendo planificar la minería a escala nacional, esto es nacionalizándola, se podrá asignar recursos para relanzar e industrializar nuestro patrimonio minero. Solo con la administración directa de los trabajadores, los más interesados a innovar la producción, se podrá incrementar la productividad y enfrentar la crisis.

La nueva ley minera exime el Estado de cualquier apoyo técnico y productivo al cooperativismo minero. Esto es todo lo contrario de lo que se necesita para una política de “convencimiento” hacia el sistema cooperativista para involucrarlo a la minería nacional. Es a través del apoyo técnico profesional, del monopolio estatal del comercio de minerales y de la facilitación de beneficios sociales que se podrá ir limpiando el sistema cooperativo minero de las empresas disfrazadas en ello y hacerlo participe de la recuperación e industrialización de nuestros recursos.