¡A empresa cerrada, empresa social nacionalizada!

En ocasión del 62 aniversario de la fundación de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (7 de octubre), el gobierno de Evo Morales ha promulgado un decreto que permite a los trabajadores de reactivar y administrar empresas abandonadas, en quiebra o liquidación. Asimismo se han puesto en vigencia una resolución ministerial para sancionar a las empresas que no respeten la organización sindical y otra para reglamentar el uso de cámara de vigilancia en lugares de trabajo.

"Ahora tenemos un Decreto Supremo que si se cierra la empresa, los fabriles serán dueños de la empresa”, este es el resumen del DS 1754 aniversariocgtfbFabriles en el Palacio Quemado (APG)hecho por el propio Evo Morales. En los últimos años hemos registrado decenas de casos de empresas declaradas en quiebra para destruir sindicatos como en  la Hilandería Santa Mónica de Santa Cruz o en otros casos – MILLMA, Makitesa etc. – por efecto de la crisis de un modelo que intercambiaba el sometimiento al imperialismo con la posibilidad de exportar a los EEUU mercancías producidas con intensa explotación laboral y escasas inversiones tecnológicas. En todos estos casos, la lucha de los trabajadores que ocupaban las respectivas empresas no pudo triunfar por chocar con resistencias patronales, institucionales y políticas de diferente nivel.

Para los trabajadores que de la noche a la mañana se ven quitar su fuente de empleo, recuperarlo es de vital importancia. Es por esto que la promulgación de este DS se convierte potencialmente en un arma poderosa en manos de los trabajadores contra el chantaje patronal y para que la clase obrera se “adueñe del proceso” como dijo el ministro Santalla. Y sin embargo el mismo DS pone trabas a estos objetivos que claramente compartimos.

Las empresas sociales definidas por el DS serán de naturaleza privada. Para su constitución los trabajadores podrán acceder a procedimiento de “concurso preventivo” establecido en el Código de Comercio y utilizar sus “acreencias devengadas” como forma de pago para la indemnización eventual de los propietarios y demás demandantes en los procesos de quiebra o liquidación. Es decir que las empresas sociales podrían nacer cargadas con deudas anteriores y en todo caso con la obligación de competir individualmente en los mercados. Así mientras le da una posibilidad, el gobierno limita la influencia y peso político-social de los trabajadores imponiéndoles además el respecto de todos los derechos propietarios.

La clase obrera no lucha por cooperativas que remedien temporalmente a las crisis industriales más agudas acabando por reproducir el mismo sistema de explotación laboral y la misma anarquía productiva que la competencia capitalista impone. Como demostrado en los casos de Huanuni y Colquiri, la clase obrera lucha por nacionalizaciones que le permitan aportar concretamente a toda la sociedad. Lucha por el “control obrero” no como autogestión de fábricas individuales cuya existencia – como demuestra toda la historia del movimiento cooperativo – jamás pudo frenar el monopolio y los problemas de escasez, sino para la planificación democrática de la economía en su conjunto, para eliminar inflación, especulación, explotación, corrupción etc. y educarse, emancipando a las masas, a pensar colectivamente a la solución de sus problemas.

Asimismo los problemas de la sindicalización van más allá de la sanción a los sectores más reacios del empresariado, que en algunos casos son ellos mismos los impulsores de la conformación de sindicatos amarillos como “policía interna” contra los trabajadores. Donde la sindicalización nace del fermento espontaneo de la clase obrera,  esta choca con una interminable maraña burocrática que pasa del reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato hasta el reconocimiento de los propios dirigentes, haciendo de hecho inútil cualquier norma sobre el fuero sindical y los propios sindicatos.

Sin embargo las normas promulgadas por Evo Morales abren una oportunidad; sus contradicciones serán solucionadas solo en la lucha concreta. Es necesario en primer lugar que los trabajadores de todas las empresas actualmente en quiebra y liquidación, con el apoyo activo de la COB, conformen empresas sociales tomando posesión de las fábricas, como ya hacen los de MILLMA, Makitesa e Hilbo. Estas empresas deben coordinarse, aglutinarse alrededor de las que ya hicieron experiencia de ocupación y cogestión obrera – como Huanuni y Colquiri – para mejor defenderse y luchar por sus objetivos inmediatos del que depende su sobrevivencia – situación jurídica, desconocimiento de deudas e indemnizaciones etc. – y como vanguardia en la lucha por el objetivo estratégico de las nacionalizaciones y la planificación democrática de obreros y campesinos de la economía en su conjunto.

Para defender el derecho a la sindicalización es necesario luchar por reducir las Jefaturas del Trabajo al papel de control. Los sindicatos y sus dirigentes no deben esperar reconocimientos “jurídicos” de ninguna institución para operar y gozar del fuero sindical. El único reconocimiento que deben ganarse es el de los trabajadores que se unen en sindicatos y eligen a sus representantes.