Un Primero de Mayo sin aliento para la lucha obrera

Los siete decretos supremos promulgados por Evo Morales este Día Internacional de los Trabajadores llevan el sello del actual grupo dirigente de la Central Obrera Boliviana y de sus propuestas. Sin embargo esta sensación que la lucha no sea necesaria por sí sola no explica el carácter siempre más deslucido de las celebraciones del Primero de Mayo en Bolivia.

Así como ocurrido en los últimos años, las expectativas generadas por lo que se venía adelantando en declaraciones oficiales han sido desatendidas. Hace solo unos días por ejemplo el Vicepresidente anunciaba medidas para “preservar las fuentes de empleo en la empresa privada”; sin embargo en los DS efectivamente promulgados no hay nada como la también ambigua ley contra los despidos que está copando el debate político argentino. Nuevamente la hoja de ruta del MAS y de la dirigencia de la COB para con los temas laborales está escrita con una mayor moderación y conciliación de clases de las propias experiencias nacionalistas de la región, a su vez en evidente tribulación. Sin embargo ya se nota la creciente dificultad de aplicar esta política conciliadora sin los favores de la economía.

El aumento salarial

1demayoUn ejemplo de aquello es el tema del aumento salarial. La definitiva aplicación del 6% de aumento al salario básico y el 9% al salario mínimo nacional – que lo elevan a 259 dólares americanos, por encima del mínimo de Colombia y Perú aunque todavía lejos tanto del promedio latinoamericano (354 dólares) como de la Canasta Normativa Alimentaria calculada por el CEDLA a 2.331 Bs (335 dólares) para 2015 – parece representar el mejor resultado para la dirigencia sindical ante un empresariado privado que quería cero por ciento de incremento y el inicial 4% ofrecido por el gobierno.

Sin embargo si el efectivo alcance de los incrementos salariales estuvo siempre en entredicho por los elevadísimos niveles de precariedad e informalidad laboral, a los cuales los medios burgueses no dejan de referirse para señalar a los trabajadores como “privilegiados”; hoy es la misma situación económica que adelanta una aplicación diferenciada del aumento. Ante las quejas de administradores locales, como el gobernador de Cochabamba, del MAS, el gobierno ha aclarado que el aumento en las instituciones descentralizadas será compatiblemente con su disponibilidad económica.

Es decir que en municipios, gobernaciones y universidades, afectadas por la caída del precio de los hidrocarburos con recortes al IDH, el aumento salarial sería con negociaciones que fácilmente podrían desembocar en conflictos. Se han excluido de este beneficio a los funcionarios públicos que ganen un salario bruto igual o superior a los 15.000 Bs, lo cual, por efecto de la Ley de Empresas Públicas, podría aplicarse también a los obreros de firmas estatales o a participación mayoritaria pública. Entre los mineros se habla ya de negociar el aumento internamente con las empresas.

En las pequeñas y medianas empresas que ya están en pie de guerra contra el aumento, se anuncian posibles despidos. Los obreros y empleados de talleres, oficinas, pequeñas fábricas y empresas de construcción, que legítimamente esperaban normas contra estas retorsiones, quedan desprotegidos.

Con estadísticas de FUNDEMPRESA que muestran una tendencia creciente (+57%) en la cancelación de empresa en los primeros meses del año (que se explica también porque los empleadores prefieren la informalidad para eludir las leyes); representantes empresariales que, citando datos del INE, hablan de aproximadamente 30.000 empleos perdidos en la industria manufacturera; la disminución de casi el 60% de los permisos de construcción aprobados en 2015 con relación al año anterior que afecta al sector que más empleo generó en la década pasada. El riesgo concreto es que sin medidas efectivas contra los despidos el avance salarial promulgado “arriba” se traduzca en renuncias forzadas a los trabajadores “abajo”.

La “preservación de los empleos”

Todo esto demuestra que la cuestión de cómo universalizar el derecho al empleo digno, es decir con beneficios y seguridad social, y defender cada puesto de trabajo formal debe imperiosamente acompañar la necesaria reivindicación salarial; es la misma unidad sindical, sin la cual la acción sindical es debilitada, que exige esta diferenciación de las quejas de la patronal. Los decretos promulgados con este fin nacen en cambio de una adaptación de la burocracia sindical a los reclamos patronales, demostrando que el tema de la independencia sindical no se resuelve con la proclamación de la oposición al gobierno.

En estos DS se establece la obligatoriedad de obtener una autorización, cuyo trámite demoraría hasta 60 días, para la importación de productos, alimentos y bebidas. En otro se fija una cuota preferencial para productos y empresas nacionales en la licitación y adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública. El objetivo es defender la producción nacional, un propósito que podrá cumplirse solo a medio plazo.

Muy fácilmente en cambio este cuello de botella impuesto al mercado acabará como ya se ha experimentado en Venezuela, es decir con un crecimiento del contrabando y de la corrupción en entidades públicas. En el caso que la norma abarque también los insumos industriales las repercusiones en la producción, los precios y el déficit comercial con el exterior, llegarían a ser incluso negativas como ocurrido en la Argentina.

Qué es el proteccionismo

Toda medida que busque poner freno a las importaciones, sea con una elevación de los aranceles o a través de requisitos normativos para tramitarlas, se inscriben en el marco de la política económica llamada “proteccionismo”. El debate político e historiográfico sobre el proteccionismo sigue siendo importante en nuestro país. La izquierda nacional y el nacionalismo burgués histórico, por ejemplo, defienden que si los países industrializados han tenido una etapa proteccionista en los albores de su desarrollo, y siguen manteniendo políticas que protegen algunos de sus sectores económicos como la agricultura, ¿por qué no deberíamos obtener los mismos resultados haciendo lo mismo? La trampa de esta concepción es que no ve el capitalismo como un fenómeno histórico global, ni su senilidad que se expresa en su crisis estructural, sino como la suma aritmética de todos los “capitalismos nacionales”.

Es natural y hasta cierto punto incluso saludable que en una etapa inicial de su organización los trabajadores vean en la invasión de mercancías extranjeras y en los intereses políticos y comerciales que la favorecen una amenaza directa a sus condiciones de vida. Sin embargo el proteccionismo no solo no es una solución, sino que la defensa de estas medidas lleva a la clase obrera a hacerse furgón de cola de las fracciones más reaccionarias de la burguesía nacional maniatándola a sus intereses.

Importamos las mercancías que no producimos, que producimos de manera insuficiente o con costos más elevados. La papa que importamos por ejemplo resulta más barata que la producida a nivel nacional. El problema en este caso no es la importación sino el minifundio, la producción en pequeñas parcelas que no dan ni siquiera para mantener a una familia. En la manufactura es lo mismo. Importamos textiles a costos abaratados porque producidos con un uso intensivo de maquinarias. El proteccionismo no fortalece ni reactiva el aparato productivo, permite en cambio que, amparadas en la protección a la producción nacional, las empresas no se renueven, no inviertan y pierdan competitividad. Este es el balance histórico del proteccionismo en nuestro país, desde la época del Tata Belzú, en su lucha por emerger en un contexto de países industrializados y en la crisis de estos.

La industria boliviana experimenta en la actualidad dos problemas. Por un lado el aumento del costo laboral ya no le permite ser competitiva en ausencia de inversiones de capital, es decir maquinarias. Por el otro ahí donde estas inversiones se han realizado, en la cervecería Huari o Manaco para citar algunos casos conocidos, estas ahora requieren ajustes para recuperar la tasa de beneficios, es decir despidos, disminuciones en la planilla y/o intensificación de la explotación laboral. En todo caso el proteccionismo no es una respuesta a estas exigencias, más bien un incentivo a no invertir, lo cual se retuerce en contra de los trabajadores.

¿A quién defiende el proteccionismo?

Todo proteccionismo se basa en el ideal de la “economía popular”, esta realidad imposible bajo el capitalismo. Se pretende defender el tejido productivo de pequeños talleres y fábricas, que equivale a defender la precariedad laboral y su explotación incompatible con los niveles actuales de la técnica. Esto tiene sus efectos sociales y políticos. Privilegiar una producción nacional tecnológicamente subdesarrollada significa que la sociedad asume el costo de este retraso con un empeoramiento de las condiciones de trabajo y elevación de los precios.

Al pequeño campesino que, como una vez lo dijo el Mallku Felipe Quispe, ya tiene el problema que se necesitan demasiados sacos de papa para comprar una garrafa de gas, se le suma el hecho que el Estado mantiene en una franja establecida los precios de los alimentos para mantener los salarios a un nivel relativamente bajo, para, a su vez, facilitar la rápida recuperación del capital del industrial. Comerciantes mayoristas y minoristas, a los cuales el gobierno, en declaraciones de García Linera, prometió sin cumplir una reforma tributaria contra las multas del SIN, se ven poner nuevas trabas a la disponibilidad de mercancías. Es así que estos sectores acaban por ser conquistados por la burguesía liberal, es decir la derecha, dando la espalda a quien debería ser su aliado natural, es decir la clase obrera.

Además nuestra economía sigue desarrollándose de manera no homogénea, concentrándose la industrialización en las principales ciudades del eje troncal y en particular El Alto y Santa Cruz. Pedir al resto del país, al campesino como al minorista de Pando, Chuquisaca, Potosí o Tarija de sostener con el abaratamiento de su cosecha o con la dificultad de abastecerse de mercancías baratas, el desarrollo industrial del eje troncal, dará nuevo impulso a las presiones regionalista que, como demostrado en Potosí, ya no son prerrogativa de la oligarquía separatista.

La reconciliación con la lucha

mineros1No es nuestra intención pintar escenarios apocalípticos, tarea que ya cumple a cabalidad la experiencia viva de “procesos” que han recurrido el mismo camino como en Argentina o Venezuela, sino demostrar como persiguiendo políticas equivocadas la clase obrera se aleja del poder justo cuando piensa de tenerlo en sus manos en la forma de una influencia sobre las decisiones del gobierno. Lo mismo ocurre con el último de los DS promulgados este Primero de Mayo, que abroga otro de 2012 que penaba la detención y el uso de dinamita en marchas sindicales. Nuevamente se desliza en un plano meramente simbólico problemas reales que no se tiene capacidad ni voluntad de afrontar.

La penalización del uso de dinamita en manifestaciones sindicales representó la ruptura del MAS con las mismas luchas obreras y populares que lo habían llevado al poder. Sin embargo la abrogación de aquel decreto no es una reconciliación del MAS con esas luchas, sino que expresa la definitiva domesticación de las mismas.

Hay todavía mineros que afrontan procesos por las consecuencias de aquel DS. Hay obreros, como en Telares Santa Cruz, encarcelados por ejercer sus funciones sindicales. Hay estudiantes universitarios de La Paz enjuiciados por haberse solidarizado con la marcha de discapacitados. Otros universitarios de Cochabamba encarcelados por haber luchado en defensa de los exámenes de titularización docente, mientras los que dejaron en coma al universitario Copaga siguen impunes. Pero todo esto obviamente no comulga con el idilio entre la dirigencia de la COB y el gobierno.

La austeridad

En su discurso en ocasión de la promulgación de estos decretos Evo Morales ha saludado las propuestas de nuevas nacionalizaciones que le hacen las organizaciones sociales; sin embargo ha aseverado, sustancialmente, que no se pueden nacionalizar perdidas y que es necesario que las empresas estatales generen utilidades. Leche PIL es una empresa con utilidades y los lecheros piden su nacionalización, así como el pueblo pobre y trabajador potosino hizo en el caso de las mega-empresas mineras Manquiri y San Cristóbal. Sin embargo estos reclamos no fueron atendidos, al contrario, el proprio Evo en entrevista en la noche del domingo ha desestimado la posibilidad de nuevas nacionalizaciones afirmando que se “respeta las inversiones extranjeras”.

Esto demuestra nuevamente que no es el gobierno que se está adaptando al liderazgo obrero, sino es la COB, o mejor dicho la burocracia sindical apoyada en las capas superiores del movimiento obrero, que se ha adaptado a los límites que impone la política de colaboración de clases y acepta intercambiar algunas concesiones más o menos significativa con una sustancial parálisis ante los más acuciantes problemas de la clase obrera del país. Con consecuencias que, como evidenciado en los últimos ciclos electorales, son desastrosas justamente para la “defensa y profundización del proceso de cambio” detrás de la cual se escuda esta burocracia.

Sin embargo la situación económica desfavorable corta las patas a estas políticas. Evo ha hablado de austeridad como si se tratara de una mayor cautela en el gasto público “en defensa de la economía del país”, discurso que se ha repetido a los diferentemente hábiles que siguen movilizados en La Paz. Sin embargo los ajustes ya están en marcha y afectarán también a los sectores tradicionalmente de mayor poder de negociación de la clase obrera.

La restructuración en Huanuni va anulando la conquista de la incorporación al empleo formal de los cooperativistas. Es noticias de estos días que se planifica una fusión de varias empresas subsidiarias de YPFB y una restructuración en YPFB Chaco. Esto mientras las multinacionales siguen reclamando la devoluciones de miles de millones de dólares en costos recuperables, y siguen recibiendo incentivos – Notas de Crédito Fiscal y otros – que le permiten recibir del Estado un precio por barril de petróleo superior a su cotización internacional. Mientras que existan multinacionales, minas y grandes empresas privadas en el país, la defensa de la economía nacional seguirá coincidiendo con la defensa de estos poderíos económicos.

¿Qué necesitamos?

Los trabajadores tienen hoy prioridades como ser: la defensa de las fuentes de empleo y el fortalecimiento del aparato productivo, las dificultades en hacer sindicato, la debilidad del Ministerio de Trabajo ante las constantes violaciones de los derechos laborales, la lucha a la precariedad laboral. La distancia entre la burocracia sindical y estos problemas concretos está gráficamente expresada en el hecho que mientras se habla de “preservación de los empleos” ni siquiera se ha normado una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe los despidos con cartas de preaviso, que la empresa privada sigue utilizando.

Todo esto debe ser en cambio expresado en un programa de lucha independiente de los intereses patronales que permitan al movimiento obrero acaudillar a los demás sectores afectados por la crisis. El freno hoy representado por la burocracia sindical no podrá durar, por todo lo dicho anteriormente. Es necesario unificar los frentes de lucha en un programa común y unirlos bajo la misma perspectiva política que solo la acción independiente del proletariado y su lucha en defensa de sus intereses que reflejan los del pueblo pobre y trabajador podrá defender y profundizar el proceso de la avanzada de la derecha continental.

Las nacionalizaciones sin indemnización y bajo administración obrera que el gobierno descarta son en cambio el eje articulador de este programa. Nacionalizar expulsando las multinacionales para generar recursos para el fortalecimiento del aparato productivo, la creación de empleos, para atender demandas sociales legítimas y para una política de apoyo a la unión entre pequeños productores campesinos que nos libere de la necesidad de importar alimentos. Nacionalización sin indemnización y bajo administración obrera de las empresas que incumplan con las leyes laborales y/o despidan, para defender las fuentes de empleos.

Abrogación de la precariedad laboral, de subcontratos a destajo y eventuales. Eliminar el tutelaje gubernamental sobre los sindicatos: el reconocimiento de estos lo hacen los trabajadores mismos en asamblea y la federación a la que se afilien. Contrato Colectivo Nacional obligatorio por rubro productivo para arrebatar a la patronal el aumento salarial de manera que las conquistas en las empresas más grandes repercutan en las más pequeñas, impulsando la sindicalización. Salario mínimo acorde a la Canasta Normativa Alimentaria. La huelga, si es un derecho constitucional, no se tramita; se proclama en asamblea y se ejecuta. Una nueva ley de pensiones que incluya la extensión de la seguridad social (salud, derecho a una pensión mínima vital) a todo el pueblo pobre y trabajador. Estos son los puntos esenciales del programa sindical que es necesario reivindicar: ante la patronal, la base social genuina del “proceso de cambio” y el gobierno.