¡No! a la RM 1/2016; ¡NO! a la selección de clase en la educación

El año escolar ha empezado con la promulgación de la resolución ministerial 1/2016 que reglamenta el desarrollo de las labores educativas en todos sus aspectos, evidenciándose la tendencia general del gobierno para con la educación que, con un discurso relativista y plural, acaba indefectiblemente por afianzar la selección de clase en la instrucción.

Nos limitaremos a algunos de los más significativos detalles del largo articulado, más adecuado a una ley, de la RM 1/2016, la cual introduce elementos de motivada preocupación y susceptibilidad entre los colegas maestros.

magisteriourbanoAparentemente la RM en cuestión beneficia con una serie de normas a los estudiantes. Se define por ejemplo un máximo de 30 alumnos por paralelo lo cual representaría un avance importante en cuanto a calidad pedagógica; sin embargo esta disposición vale solo como “recomendación” subordinada a criterios ajenos al proceso de construcción de saberes como ser el “techo presupuestario y la capacidad física instalada de la Unidad Educativa”. La (in)eficacia de esta sugerencia puede fácilmente ser demostrada recorriendo unidades educativas y colegios urbanos de todas las principales ciudades del país.

De hecho cuando se norma la apertura de un segundo paralelo se establece “como mínimo 23 estudiantes en cada uno de ellos”, es decir que hasta 45 estudiantes no califica para el reordenamiento y la creación de nuevos ítems. Esta disposición general es perentoriamente repetida hablando de colegios nocturnos, frecuentados por estudiantes trabajadores que, en la mayoría de los casos, fueron expulsados del ciclo educativo por condición socioeconómica.

La RM establece horas pedagógicas de 45 minutos, sin embargo deja a la planificación con las Direcciones Distritales de Educación el problema de las unidades educativas que comparten infraestructura, racionalizando así diferencias atribuibles solo a la desresponsabilización del Estado con la educación que emerge rozando el ridículo cuando se asigna a todos (DDE, juntas escolares, maestros etc.) menos al gobierno central la tarea de impulsar “el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento” escolares, una manera clara de encaminar la descentralización cuyo efecto será de crear un sistema educativo diferenciado en base a la disponibilidad de recursos de las administraciones subnacionales.

Finalmente y pese a los pomposos anuncios de que se implementaría la educación sexual como prevención ante el fenómeno de los embarazos precoces, no hay mención a este tema en la RM, por las razones que explicamos en su momento.

Sin embargo la norma que, justamente, más rechazo está suscitando en nuestro magisterio es la que permite a las Unidades Educativas privadas contratar “profesionales con grado de licenciatura, maestría o doctorado que cuenten con suficiente experiencia en el ámbito educativo, debiendo éstos necesariamente realizar los cursos del PROFOCOM”. De manera oblicua se perfora aquí una de las principales conquistas del magisterio, el escalafón docente, con el objetivo de crear una educación aparentemente de primera para quienes puedan pagar y una fiscal de segunda a la cual relegar a los hijos del pueblo pobre y trabajador.

Sin necesidad de afrontar aquí temas de fondo de la reforma educativa, la RM 1/2016 expresa fehacientemente toda la línea política del gobierno en el ámbito de la instrucción: combinar concesiones parciales a docentes, estudiantes y padres de familia para que con su propio consentimiento se afiance un modelo educativo que enseñe al hijo de obrero a ser obrero y al hijo del patrón a ser elite dirigente.

Para combatir estas maniobras no se puede sumar de manera oportunista a cualquiera que critique la reforma educativa incluso desde una posición conservadora, así como vimos en el reciente congreso del magisterio potosino en el cual exponentes del presídium reivindicaban al maestro el papel de juez de su aula y el derecho a reprobar. Se debe en cambio partir de una clara visión de clase de la educación para exponer las contradicciones del gobierno y plantear a todos los actores de la educación – incluyendo estudiantes y padres de familia – objetivos que le permitan elevar su nivel de comprensión de la realidad educativa.

Por ejemplo: hacer efectiva una limitación a veinte alumnos por paralelo; que los cursos de nivelación, que la RM reduce a “niños, niñas y adolescentes menores a 15 años con dos o más años de rezago”, se extiendan a todo el alumnado con problemas de aprendizaje, y sirvan a crear nuevos ítems o completar una carga horaria que permita al colega de llegar a un sueldo suficiente. Combinando esto con el rechazo a cualquier norma que pretenda atacar nuestros derechos adquiridos, como el escalafón docente, es como se podrá fortalecer nuestra lucha.