Universidad y presupuesto: ¡por una lucha estudiantil independiente!

Ya se conocen algunas cifras oficiales del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2016 que será un 1,8% inferior al de 2015, por efecto de la crisis. Sin embargo la reducción de las transferencias a las Universidades Públicas será más acentuada: un aproximado 10 por ciento o cerca de 260 millones de bolivianos menos en el presupuesto consolidado del próximo año, lo cual inevitablemente provocará nuevos conflictos y sembrará nuevas dudas sobre las reales intenciones del gobierno para con la educación y la autonomía universitarias.

umsaLos detalles de la elaboración presupuestaria no son todavía de dominio público; lo que se conocen son solo los datos de las cifras generales del PGE presentados a la prensa por el propio Ministro Arce. Con seguridad la disminución que afecta a las universidades se concentra en una reducción del IDH; sin embargo esto renovará una tensión con todo el sistema universitario público que, en las conclusiones del último congreso ordinario de Universidades (XII – Tarija 2013, Santa Cruz 2014), señala “el alto grado de dependencia de las Universidades Públicas Autónomas del TGN que oscila entre el 75% y 92%” y reclama al gobierno un incremento sustancial de estas transferencias.

¿Cómo se financia la Universidad Pública?

En la actualidad las principales fuentes de financiación de las Universidades son: 1) en primer lugar (más del 30%), lo que corresponde al sistema universitario en la repartición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); 2) en segundo lugar (otro 30%) lo que corresponde a las universidades por concepto de coparticipación tributaria, es decir el 5% sobre los impuestos nacionales recaudados y redistribuidos en base a los resultados del Censo; 3) las subvenciones ordinarias del Tesoro General de la Nación (TGN), que representan un 15% del total transferido a las universidades y se han incrementado a un promedio del 3,5% por año entre 2008 y 2015, inferior a la inflación promedia del mismo periodo; 4) finalmente los recursos generados por las propias Universidades, que incluyen créditos, ventas de bienes y servicios etc.

Con una serie de normas el gobierno ha dado mayor flexibilidad al uso de los recursos del IDH, disponiendo que hasta un aproximado 40% del mismo pueda ser destinado a becas, extensión universitaria, mantenimiento de infraestructura, seguro en salud, reposición de lo que las universidades perdieron con la emisión gratuita de los títulos de bachilleres etc. Sin embargo el grueso de esta que es la principal fuente de financiación del sistema universitario sigue vinculada a proyectos de inversión en: infraestructura y equipamiento; evaluación y acreditación; mejoramiento de la calidad y rendimiento académico; interacción social; investigación en el marco de los planes de desarrollo.

Los límites de un ciclo

Ligar las transferencias del IDH a proyectos de inversión ha servido, desde la lógica del gobierno, a impedir que estos recursos sean consumidos parasitariamente por las camarillas docentes y administrativas, impulsando al mismo tiempo la contribución de las universidades al crecimiento económico del país. Sin embargo este ciclo está alcanzando su límite, dejando una serie de problemas irresueltos y preparando nuevas explosiones de un conflicto latente.

Como se nota en el gráfico a continuación, al incremento del presupuesto agregado y consolidado de las universidades ha seguido un aumento marcado de su déficit, que se acentuará aún más en el PGE de 2016. Una explicación de esta contradicción, además de reglas contables, es que al crecer las inversiones en infraestructura y desconcentración académica, ha crecido la población universitaria, la cantidad de carreras etc. Esto, conjuntamente a las políticas salariales del gobierno, ha aumentado los gastos corrientes de la Universidad. Siendo el IDH inutilizable para estos gastos, el déficit se ensancha.

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¡El problema es nuestro!

Las y los estudiantes vivimos en carne propia esta situación en los problemas de carga horaria “0”, la acefalia en las asignaturas, los costos de los cursos pre-facultativos, maestrías y diplomados etc., y en general de una tasa de matriculación nueva en las universidades que desde 2013 empieza nuevamente a decrecer (-2%), después de haberse incrementado a un promedio del 5% por año en el quinquenio anterior (Fuente: Boletín de la CEUB). Esto es efecto, en primer lugar, del hecho que la financiación de la universidad no ha ido acorde al crecimiento de la matrícula, así el gasto por estudiante ha ido fluctuando manteniéndose a un promedio insuficiente de poco más de 600 dólares por año sobre el presupuesto consolidado.

No hay cifras públicas disponibles sobre las matriculas de 2014 y 2015, sin embargo se puede inferir de otros datos que la tendencia sigue a la disminución. Un reciente seminario de la UMSA señalaba la creciente tasa de reprobación en los exámenes de admisión a la universidad, enfocándose sobre todo en las carencias de los nuevos bachilleres en las áreas de lenguaje y matemática, producto de las falencias de la nueva reforma educativa. Por otro lado la misma UMSA tuvo en 2014 una reducción del 4% en la matricula, que sin duda repercute sobre el dato general, siendo la casa superior de estudio de La Paz la más grande del país.

El rector Waldo Albarracín afirma que migración, trabajo y embarazos precoces habrían provocado la disminución de la matrícula. Sin embargo, si le preguntáramos a Albarracín qué facilidades otorga la UMSA a las y los estudiantes trabajadores, dónde están los jardines infantiles paras las estudiantes madres etc., nos contestaría probablemente que se puede financiar una guardería universitaria con el IDH, pero luego hay que hacerla funcionar y para ello faltan fondos.

¿Qué programa estudiantil?

Un promedio del 70 por ciento del gasto de todas las universidades públicas es por remuneraciones. En este sentido los temores del gobierno que cualquier incremento de las subvenciones ordinarias sea apropiado por las camarillas docentes son justificados. Reclamar aumentos en el presupuesto de las universidades marchando con docentes y autoridades es, para las y los estudiantes, marchar detrás de ellos. Necesitamos una visión propia y reivindicaciones que reflejen concretamente cómo el estamento estudiantil es afectado.

Debemos luchar para que el gobierno planifique un aumento progresivo del gasto por estudiante hasta mínimamente triplicarlo, nivelándolo a los estándares americanos. Así como se han vinculado las transferencias del IDH a los proyectos de inversión, deben establecerse prioridades para el aumento del presupuesto universitario, como ser: la cobertura – mediante convocatorias externas y exámenes de competencia – de todas las acefalias en las asignaturas; garantizar la gratuidad de todo el ciclo de la enseñanza superior (incluso pre y posgrado); dotación gratuita de libros de texto, que a veces valen más que un salario mínimo (como ciertos libros de medicina); facilidades para quien trabaja y las madres estudiantes etc.

Las y los estudiantes hijos de trabajadores necesitamos que el aumento del presupuesto sirva para garantizarnos el acceso y la titulación en una educación superior de calidad y no así el rédito de docentes o de dirigentes estudiantiles sin visión ni consciencia social.