Un Estado violento tira la toalla en la cara de la juventud

Un terrible hecho delictivo ha conmovido la ciudad de Llallagua en el norte potosino: un menor de 16 años ha violado y asesinado una niña de 4 años y asaltopoliciallallaguafue aprehendido mientras intentaba repetir su crimen. Por tres días Llallagua estuvo ardiendo,  perturbada por una muchedumbre enardecida. La calma volvió después que representantes cívicos y del gobierno firmaran un acuerdo para modificar, empeorándolo, el Código de la Niñez.

Según reporta la prensa el acuerdo propone la modificación del artículo 268 de dicho Código, para que los adolescentes que cometieran delitos graves sean sancionados con la máxima pena establecida en el Código Penal, sin consideración de su edad. Después de haber reducido la edad imputable a los 14 años y la edad para trabajar a los 10 años, Bolivia sería también el primer país a penar a los adolescentes como adultos, violando también el espíritu y el dictado de su Constitución (art.23). Con estas tendencias es fácil de suponer que hoy se abre una puerta para los crímenes más horrendo, mañana por la misma puerta pasará cualquier delito.

Estamos viviendo una verdadera escalada de la violencia contra la juventud con números escalofriantes que el endurecimiento de las penas no ha frenado para nada. En 2014 hubo 73 infanticidios, la FELCV recibió 326 denuncias de violencia sexual a menores  y la Defensoría del Pueblo atendió 2.200 casos de diferentes maltratos, un incremento este del 304% con relación a 2013. Hasta abril de 2015 ya hay 133 casos de violencia sexual denunciados. Solo el 0,5% de estos acaba con una condena y solo el 0,2% de las victimas recibe apoyo psicológico. Muchas veces los mismos familiares desisten de la acción penal  corrompidos por los violadores y sus abogados.

Según las Naciones Unidas Bolivia es el país latinoamericano con los más altos índices de violencia contra las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual, que en la isla caribeña se incrementó con la llegada de la “misión de paz” (imperialista) a la cual participaban nuestros cascos azules. Lo único que compartimos con Haití son la extrema pobreza, el subdesarrollo cultural y profundas desigualdades de una sociedad donde con el dinero lo puedes todo y que  construye relaciones sociales inhumanas sobre la alienación, el poder, el narcisismo, el machismo y la reificación de los cuerpos.

La sociedad que quiere defenderse endureciendo las penas a los adolescentes es esta sociedad violenta contra la juventud. La violencia empieza desde el mismo Estado. La Defensoría de Santa Cruz informa que con la reducción a 10 años de la edad para trabajar deben tratar de recurrir a la Ley contra la Trata y Tráfico para poder atender los casos de explotación laboral infantil. El 28% de los jóvenes a nivel nacional y el 45% en las ciudades del eje troncal no acaban su bachillerato. De cada seis jóvenes con una edad comprendida entre los 18 y 34 años de edad uno trabaja, el otro estudia y los demás 4 no tienen empleo estable ni acceso a la educación superior.

No hay políticas para viviendas a los jóvenes matrimonios, empleo juvenil, mejoramiento de la infraestructura y recursos humanos  (profesores, psicólogos y trabajadores sociales) en la educación, salud, gratuidad de cualquier título y libreta militar, reducción de tarifas, transporte interurbano, entradas para eventos recreativos etc. Podemos trabajar a 10 años pero para votar debemos esperar los 18. La Asamblea Legislativa Plurinacional que debería empeorar el Código de la Niñez es la misma que en la anterior gestión permitió con su retraso la fuga de un diputado que había violado a su hija y que tiene en sus filas, en esta gestión, a otro diputado acusado de haber abusado de dos menores.  Mientras tanto y por ejemplo un menor está recluso en Santa Cruz en una celda de adultos por haber dormido en una casa abandonada y otro afronta procesos por haberse sacado un “selfie” en el teleférico de La Paz.

No es nuestra intención defender a un criminal. Queremos que se modifique el Código de Procedimiento Penal para eliminar el desistimiento – la corrupción de las familias de las víctimas – y que el Estado afronte esta emergencia con juzgados especiales que aseguren condenas rápidas y proporcione ayuda psicológica gratuita para las víctimas. Pero en un contexto de problemas como los mencionados, un Estado solo enfocado en la represión es un Estado que ha tirado la toalla en la cara de la juventud proletaria y campesino-indígena.

Convocamos a las organizaciones juveniles revolucionarias, comunistas y progresistas a pronunciarse contra el empeoramiento del Código de la Niñez y contra la reducción a 14 años de la edad imputable y a 10 de la edad para trabajar. Combatir esta regresión de la sociedad a la barbarie es requisito para poder organizar a la juventud a luchar por sus necesidades y derechos.