Ley de Juventudes: una norma inútil y un instructivo retroceso

Tras un largo periodo de discusión y socialización que se ha caracterizado por un interés decreciente de la juventud, cerrándose en la parte final a un reducido grupo de organizaciones juveniles, la Ley de Juventudes (L. 342/2013) fue promulgada con gran celebración el pasado 5 de febrero. En la edición de esta revista que salió en septiembre de 2012, ya expresamos nuestras críticas al anteproyecto de Ley en aquel entonces en debate. El juicio final no puede que ser aún más negativo, ya que algunos de los contenidos y reivindicaciones más puntuales que expresaban una participación real de las bases, se han completamente aguado en una larga lista de declaraciones de principio tan bonita cuanto inútil.

Por ejemplo: el anteproyecto contemplaba un artículo sobre inquilinato que establecía una tarifa mínima para el alquiler a estudiantes y jóvenes matrimonio. En la ley finalmente promulgada este artículo desaparece completamente, sustituido por una genérica atribución al Estado de diseñar políticas de acceso a la vivienda para “los jóvenes de menores ingresos”. El anteproyecto de ley fijaba una plaza juvenil reservada del 20% para empleo público, listas de candidatos y directorios de organizaciones civiles y políticas. La ley aprobada atribuye al Estado el genérico fomento de políticas de inserción laboral y en la vida política.

Si la norma del anteproyecto que sugería la necesidad de dar “compatibilización entre los horarios de trabajo y estudio” podía interpretarse como una obligación para las instituciones educativas a organizar horarios, estatutos y malla curriculares para garantizar el derecho al estudio y a la estabilidad laboral de estudiantes trabajadores, en la ley final simplemente se dice que la juventud trabajadora tiene estos derechos, sin ningún mecanismo real para ejercerlos. Así ninguna institución superior de formación – ni las Normales dependientes del Ministerio de Educación ni las autónomas universidades – se ha mínimamente percatado de compatibilizar los horarios o de establecer permisos especiales para estudiantes trabajadores con el fin de garantizar estabilidad laboral y derecho al estudio.

Estos ejemplos manifiestan la inutilidad declarada de esta ley: los derechos a la vivienda, el empleo, el estudio, la salud, la libertad de asociación etc. son derechos constitucionales, una ley que dice que también la juventud los tiene no sirve absolutamente de nada. De hecho las únicas cosas concretas que quedan son la institución del Día de la Juventud, que sólo un cínico o un estúpido podría considerar una conquista, y del Consejo Plurinacional de Juventudes, que servirá a algún joven para distraer a su base y figurar ante “los jefes”.

Estos resultados son consecuencia de la forma totalmente abstracta, superficial y buscando atajos de todo el debate previo a la promulgación de la ley. Las plazas reservadas no han resuelto el problema de la inclusión de nacionalidades oprimidas o de la discriminación de género, pero por lo menos se comprende porque sean defendidas por los que son discriminados, ya que nacer indígena o mujer es una condición permanente. La juventud en cambio es una condición transitoria que vive los problemas propios del sistema en que vivimos.

Si tenemos dificultad en el acceso a la vivienda es por un mercado desregulado en que cada propietario hace y pide lo que quiere, no porque los jóvenes sean discriminados. Si la educación está diseñada para excluir a la juventud trabajadora o de familias proletarias y campesinas, es porque toda la sociedad dividida en clases está para esto. Los cargos públicos son ocupados por “viejos” (que fueron jóvenes) no por discriminar a los jóvenes (que serán viejos) sino porque esto responde a todo un mecanismo de selección que empieza en la sociedad, en su división en clases, continua en la educación, con las mejores escuelas a disposición de las clases más acomodadas, y sirve para garantizar la principal función del Estado burgués, que es la de preservar el dominio burgués sobre la sociedad.

La búsqueda del atajo, amantada de supuesto realismo, es pensar que se pueda resolver estos problemas con una ley que no cuestione ninguno de los pilares del capitalismo. El hecho que un debate que había suscitado a un principio un palpable entusiasmo en amplios sectores juveniles ha acabado en un ambiente frio y reducido de dirigentes de organizaciones, demuestra que las “ilusiones democráticas” lejos de hacer avanzar al movimiento – como pretenden reformistas y seudo revolucionarios – lo hacen finalmente retroceder. 

El único aspecto realmente positivo de toda la cuestión es que se demuestra la corrección de una perspectiva marxista a la solución del problema que muchas veces y con una notable dosis de escepticismo,  se nos plantea: “¿cómo organizamos a la juventud que anda perdida en falsos valores consumistas y despreocupada de su futuro?”. El anteproyecto señalaba claramente las preocupaciones y problemas concretos de la condición (transitoria) juvenil, particularmente de las juventudes de familias proletarias, campesinas y de clase media empobrecida, que son nuestro referente social.

A partir de reivindicaciones por el derecho a la vivienda, a la vivienda social como a alquileres regulados, al trabajo estable y al derecho al estudio y uniéndolas a otras más particulares como la gratuidad de libreta militar, transporte, entradas para eventos culturales y deportivos, se puede organizar a la juventud independientemente de su situación, universitarios, normalistas, desocupados etc., y vincularlas a las luchas sociales del país. En cambio toda la variada gama de oportunismo que en la socialización de la ley tuvo su momento de gloria presentándose  con algo “realista”, “práctico” contra todo “radicalismo”, incluso de los marxistas, podrá por un tiempo hacerse pasar por “legitima representación juvenil” reconocida en los Consejos Plurinacionales de Juventudes, pero le quedará muy difícil reunir a alguien más que no sea de su estrecho, e interesado, entorno.