¡NO! a la indemnización de SOBOCE

La indemnización decretada por el juez asciende a 93,4 millones de dólares más un 6% de mora. Este monto, equivalente a más de 600 millones de bolivianos, corresponde a aproximadamente el 90% de todo el presupuesto departamental para 2013 de la Gobernación de Chuquisaca, que es de 729 millones de bolivianos. Si se paga esta indemnización no habrá dinero para salud, vivienda, educación, caminos, proyectos productivos y gastos sociales que el Departamento necesita.

La indemnización es totalmente indebida. SOBOCE adquirió el 33,34% de las acciones de FANCESA cuando su entonces presidente Samuel Doria Medina era Ministro del gobierno de Paz Zamora. Él privatizaba y él mismo compraba: un conflicto de interés que es penalmente sancionado en todos los ordenamientos jurídicos de las “democracias” mundiales, por el cual debería estar en la cárcel. SOBOCE además compró por 12 millones de bolivianos el derecho a administrar FANCESA por 7 años atribuyéndose un 1,5% sobre los ingresos brutos (no solo las utilidades) de FANCESA en desmedro de sus demás socios, la Universidad y la Alcaldía de Sucre. Con esta estipulación ilegal – por la cual Samuel Doria Medina ha sido demandado ante el Ministerio Publico – SOBOCE se hizo de manera fraudulenta con aproximadamente 300 millones de bolivianos de los ingresos de FANCESA, causando un daño a la empresa, a sus trabajadores, a todos los chuquisaqueños, a la Universidad y la Alcaldía de Sucre, con la complicidad de sus anteriores autoridades.

El caso de FANCESA representa solo la punta de un iceberg. En estos años ha quedado demostrado a los ojos del pueblo que solo recuperando y nacionalizando nuestros recursos es posible implementar las políticas productivas y sociales necesarias. Sin embargo el reconocimiento de “indemnizaciones justas” ha arrastrado a Bolivia en varios juicios por más de mil millones de dólares, juicios intentados por multinacionales y empresas nacionales que estafaron, evadieron impuestos, incumplieron inversiones y rifaron el patrimonio inmobiliario de las empresas privatizadas. El fallo a favor de SOBOCE demuestra una vez más lo que el pueblo ya había señalado absteniéndose en las elecciones judiciales: que la reforma de la justicia en Bolivia es imposible hasta cuando ésta defienda la gran propiedad privada y sus privilegios ante los intereses colectivos, es decir hasta cuando no se expropien las principales palancas de la economía (latifundios, bancos y grandes empresas privadas) para ser democráticamente administradas por trabajadores, campesinos y pueblo pobre en su conjunto en beneficio de las mayorías. Esto es lo que llamamos  socialismo.

Las organizaciones sociales de Chuquisaca han anunciado movilizaciones contra el fallo que obliga la Gobernación a la indemnización de SOBOCE. Estas movilizaciones revelarán la ausencia y la hipocresía de quienes en estos años han abanderado la defensa de los intereses de Sucre,  Chuquisaca, la Universidad etc. con el solo objetivo de debilitar las luchas populares. La Central Obrera Boliviana y los estudiantes deben adherirse a esta lucha y extenderla a nivel nacional. En juego no está solo la indemnización a SOBOCE, sino de todas las indemnizaciones, el futuro de las empresas nacionalizadas, de los gastos sociales y finalmente la afirmación de un principio elemental de la justicia social: los intereses populares son la ley suprema.

¡NO a la indemnización de SOBOCE!

¡Completar la nacionalización sin indemnización

y bajo control obrero-campesino de las principales palancas de la economía!

¡Expropiar la oligarquía corrupta y corruptora!

¡Expulsar a las multinacionales!