IVME, ITF y RC-IVA: ¿Quién paga la crisis?

El 11 de enero pasado el gobierno ha anunciado la abrogación del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME): una parcial reforma tributaria que sigue a la ampliación y aumento progresivo del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y a la revisión de la base de cálculo para el RC-IVA. El gobierno se prepara a afrontar un reforzamiento del dólar causado por la crisis internacional y las políticas monetarias estadounidenses.

La eliminación del IVME

ivmeEl IVME fue instituido en 2012, por un periodo inicial de 36 meses sucesivamente prolongados hasta el 31 de diciembre del año pasado. Lo pagaban bancos y casas de cambio en la medida del 0,70% de cada operación de venta de moneda extranjera. Su impacto nunca fue decisivo (menos del 1 por ciento de las recaudaciones): se trataba más bien de una de las medidas para incentivar la bolivianización de la economía y modernizar el sistema tributario, ampliando el padrón de contribuyentes.

Las dilucidaciones del Vicepresidente para explicar la eliminación del IVME fueron muy significativas. García Linera advirtió que en 2015 las Reservas Internacionales Netas (RIN) tuvieron – por primera vez desde el 2002 – una reducción neta de 2068 millones de dólares, a los cuales se deben añadir los 105 millones de dólares perdidos en los solo primeros 15 días de 2016. Esto, para el Vicepresidente, se debe por un lado a la contracción de las exportaciones frente a importaciones que siguen más dinámicas, y por el otro al IVME.

Las RIN se constituyen principalmente a través de un superávit en las balanzas de pagos: exportaciones, flujos de inversiones extranjeras etc. que son superiores a las importaciones y la salida de capitales hacia el exterior determinan que hay más operadores económicos que recurren a los bancos para canjear dólares por bolivianos que los que hacen el contrario, aumentando así los depósitos en moneda extranjera en el Banco Central. El año pasado, por primera vez desde el 2004, Bolivia ha registrado un déficit comercial de poco más de 450 millones de dólares (Fuente: INE). Se trata sin embargo de un cuarto de la reducción de las RIN registradas en el mismo periodo.

¿“Personas” o enemigos de clase?

La diferencia, en palabras de García Linera, se debe al hecho que, con el fin de eludir el IVME, ha habido “personas” que comenzaron a comprar y vender dólares fuera del país a través de circuitos internacionales, como ser fondos, bancos etc. El vice entonces explicó: “Al hacer eso ¿qué sucedía? Que la presión de compra y venta de dólares ya no se dirigía a los bancos sino se dirigía hacia las reservas internacionales, hacia el Banco Central de Bolivia (BCB).

Para que se generara semejante presión sobre las RIN, erosionándolas con esta magnitud, son necesarios movimientos de centenares, miles de millones de dólares. Entonces no estamos hablando de “personas” cualquieras: se trata de multinacionales que repatriaban utilidades, empresarios a la Samuel Doria Media o aquellos 205 súper ricos bolivianos que detentan un patrimonio global superior a 25 mil millones de dólares (más de dos veces las RIN de Bolivia), y finalmente de la especulación de los propios bancos privados.

La eliminación del IVME no sirve a proteger las RIN. Si el empresario “X” decidiera comprar millones de dólares en Bolivia, tendría que recurrir a un banco, es decir, en última instancia, al BCB que a su vez utilizaría las RIN. En Argentina y Venezuela para evitar salidas de capitales se impuso un estricto control de divisas que, sin trascender los límites de la economía capitalista y el Estado burgués, ha fomentado un mercado paralelo y la corrupción. En Bolivia en cambio lo que el gobierno ha dicho a los empresarios nacionales y extranjeros es: “los libero de este impuesto, el IVME, que ustedes evadieron. El gobierno no les impide hacer lo que quieren, solo quiere saber qué hacen”. Una concesión más a los poderíos económicos que inevitablemente tiene contrapartidas sociales.

La ampliación del ITF

Esto se entiende mejor explicando la decisión de ampliar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y elevar la base imponible del RC-IVA. El ITF es otra medida utilizada por el gobierno para incentivar la bolivianización, es decir el uso de la moneda nacional: de hecho tampoco este tributo supera el 1% de las recaudaciones del mercado interno. El ITF grava sobre todas las operaciones – pagos, retiros, depósitos etc. – en cuentas corrientes y cajas de ahorro denominadas en monedas extranjera y superiores a los 2000 U$D. La alícuota actual (0,15%) será aumentada de un 0,05% cada año a partir del actual hasta llegar al 0,30% en 2018.

Este impuesto entonces es retenido directamente por los bancos y pagado por todos aquellos que hacen operaciones en dólares en el sistema financiero. ¿De quienes hablamos? Aunque la bolivianización ha alcanzado niveles inéditos, tenemos (según la ASFI) que a diciembre de 2015 todavía el 17,3% de los depósitos del público en el sistema financiero están en dólares. Significativamente este porcentaje sube a casi el 30 por ciento en las entidades financieras de vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito. Estos son trabajadoras y trabajadores, hogares de la clase obrera que ahorran en dólares porque están pagando en dólares la deuda para su vivienda, o porque el precio de viviendas y alquileres de todas las principales ciudades del país sigue siendo expresado en dólares, a pesar que la ley formalmente lo prohíba.

Sin embargo los únicos que han protestado hasta ahora son los operadores del comercio exterior. Ellos reciben dólares y pagan en dólares, por lo cual se sienten afectados por el aumento de este tributo. Así mientras con la eliminación del IVME se favorece las especulaciones, con la ampliación del ITF se sanciona a un sector productivo, que probablemente descargará este tributo sobre precios y trabajadores, y aquellos que son víctimas de la especulación empresarial sobre la irresuelta emergencia habitacional en el país.

La guerra al dólar

formulario 110Como ha explicado el propio ministro Arce el ITF es un castigo para quienes sigan utilizando dólares. Como visto no se castiga a quien, por ejemplo, cobre alquiler en dólares sin emitir factura, sino al trabajador que para pagar este alquiler ahorra en dólares. Pero la pregunta real es otra: si la bolivianización ha alcanzado ya el 82,7% de los depósitos ¿qué razones hay para encarecer y ampliar este castigo?

La reducción de las RIN, combinada con la política estadounidense de fortalecer el dólar y la devaluación de las monedas nacionales de los países nuestros vecinos, va a generar inevitablemente presiones sobre la estabilidad cambiaria con el dólar, que ha sido uno de los pilares de la política económica del gobierno. Esto principalmente por la necesidad de reequilibrar el saldo comercial con el exterior, incentivando las exportaciones, y al mismo tiempo evitar que salga liquidez fuera del país.

La ampliación del ITF y la eliminación del IVME son maneras del gobierno de prepararse a la eventualidad siempre más probable de una progresiva devaluación del boliviano frente al dólar, endureciendo el castigo a quien utilice dólares para evitar que se vuelva a ahorrar en esta moneda mientras se afloja la presión sobre el sector empresarial para evitar fugas de capitales. Lo que no podrá evitarse sin embargo es el impacto psicológico de la devaluación de la moneda nacional: esto certificaría el fin de la bonanza económica, con las previsibles consecuencias negativas sobre consumos e inversiones privadas.

Los cambios en el RC-IVA

El cambio en el cálculo de la base imponible del RC-IVA es también por esto. Se trata de un tributo de impacto levemente mayor que los anteriores sobre las recaudaciones del fisco (un 1,5% y aproximadamente 500 millones de bolivianos en 2015), pero mucho más odioso siendo un impuesto directo al salario instituido en plena época neoliberal (1987). Según la norma anteriormente vigente todos los trabajadores con un sueldo neto (es decir ya descontado de aportes a la seguridad social) superior a 4 salarios mínimos nacionales, debían pagar el 13% sobre lo que exceda esta franja de exención o presentar facturas por un valor IVA correspondiente a lo que debían haber cancelado.

Para ejemplificar: en 2004 teníamos un sueldo mínimo de 440 Bs; consecuentemente todos los salarios o la parte del salario neto que excedía los 1760 Bs (440 x 4), estaban gravados por el RC-IVA. Aumentando el salario mínimo – actualmente igual a 1656 Bs – quedaban exentos del pago de este tributo los que perciben un salario neto igual o inferior a 6624 Bs. De tal manera el RC-IVA estaba concentrándose solo en los salarios más altos, y por esto mismo las recaudaciones por este impuesto aumentaban a pesar que ha disminuido la cantidad de trabajadores obligados a cancelarlo. Lo que el gobierno ha decretado en agosto del año pasado es que la exención se reduzca a 3 salarios mínimos, o 4968 Bs.

Como han explicado desde el Ministerio de Economía, este decreto no es para aumentar las recaudaciones. El objetivo que se busca es incentivar los consumos de la clase trabajadora, impidiendo que la crisis induzca al ahorro, y al mismo tiempo hacer de los propios trabajadores agentes de impuestos que exijan facturas. El gobierno ha suspendido la aplicación de este decreto, sin abrogarlo, principalmente por las protestas en la COB y la incapacidad de su dirección de contenerlas. Sin embargo el problema ha sido dejado ahí a probar de inmediato a los nuevos dirigentes de la entidad matriz de los trabajadores.

Conclusiones políticas

sinPor cuanto el RC-IVA sea un impuesto injusto, porque equipara el salario a la renta, hablar de las modificaciones en su cálculo como de un “impuestazo” es una polémica artificial. Como dicho este impuesto, el ITF y el IVME no son de gran significancia para las recaudaciones fiscales. Sin embargo la intervención del gobierno en estos tributos demuestra claramente cuáles son sus preocupaciones frente a la crisis: una caída de consumos e inversiones privadas asociadas a presiones sobre las RIN y salida de capitales.

En este contexto de crisis será siempre más difícil para el gobierno escudarse detrás de las holguras del crecimiento económico para conciliar con los poderíos económicos – sustituyendo por ejemplo el “gasolinazo” con incentivos fiscales a las multinacionales – sin tener al mismo tiempo que postergar demandas sociales e intervenir con aun mayor fuerza la autónoma organización de sindicatos y movimientos sociales.

Dice bien el Ministro Quintana cuando afirma que en Bolivia existen todavía grandes posibilidades de crecimiento para el mercado interno que puede ser antídoto a la crisis. La política de sostener los consumos – privados y productivos – a través del equilibrio macroeconómico y las inversiones públicas tiene todavía márgenes de acción, como demuestra el préstamo chino. Sin embargo por un lado está históricamente demostrado que esta política no elimina el ciclo capitalista ni sirve a relanzar la economía, sino que hace sus crisis más profundas; por el otro Bolivia no representa un universo paralelo respecto a la crisis.

La crisis es un fenómeno global como global es el capitalismo y tiene efectos no solo en las cuentas del país sino también en la predisposición al ahorro, las inversiones y el consumo, generando una espiral negativa. En el capitalismo la producción y la comercialización están separadas por la propiedad privada de los medios de producción. Solo con una economía democráticamente planificada será posible que lo que se produce corresponda a lo que se necesita en la sociedad, eliminando las crisis y el acaparamiento privado.

Los que todavía en el recientemente acabado congreso de la COB defendían la necesidad de suspender la lucha de clases mientras el gobierno desarrolle el país deberían dejar de leer los inservibles manuales de Stalin y volver a Marx. La consigna de estas corrientes por la profundización y radicalización del “proceso de cambio” es un engaño: esta profundización y radicalización o es producto de la lucha activa de la clase trabajadora para dar a la crisis una salida a la izquierda, o es una peroración al gobierno que desarma el movimiento obrero frente a las perspectivas, abriendo el camino a las derrotas.

En lo específico de que estamos tratando, la cuestión de los impuestos, es necesario que el movimiento obrero reclame la abrogación no solo del RC-IVA, sino también del IVA sobre todos los productos de la canasta básica, así para conquistar a su programa a gremiales y pequeños comerciantes que sienten que el gobierno le está haciendo la guerra. Esto debe financiarse eliminando toda clase de incentivo fiscal a las multinacionales y, frente a una actitud saboteadora expresada en la salida de capitales necesarios a nuestro desarrollo económico, deben nacionalizarse los bancos bajo administración obrera.